Es que en el 2022 ya se había promovido un proyecto similar, presentado por Desirée Masi, en contra de la ex titular del Ministerio Público y el fiscal Lorenzo Lezcano.
Finalmente, luego de varias idas y vueltas, solamente se aprobó la demanda en la Fiscalía en contra de Lezcano.
El lunes pasado, los senadores luguistas presentaron oficialmente un proyecto de resolución al presidente del Congreso, Óscar Salomón.
Se trata de una denuncia penal contra la ex fiscala general y se alega mal desempeño de sus funciones, citando como causas prevaricato, obstrucción a la investigación penal, complicidad y otros hechos que pudieran resultar de la investigación.
En la iniciativa, se hace referencia a todos los casos denunciados por el Senado.
El luguista Jorge Querey había anunciado que se pediría incluir el tratamiento del proyecto en la sesión ordinaria de mañana en el Senado.
Luego de una serie de consultas con referentes de varios sectores, algunos creen que se podría aprobar, mientras que otros se llamaron a silencio.
“Si es un proyecto de resolución, no va a haber problemas. No creo que nadie salga a defenderla”, indicó Gilberto Apuril, de Hagamos.
“Puede correr”, se limitó a señalar el colorado oficialista Arnaldo Franco.
“Espero que sí. Yo, por lo menos, voy a acompañar con plena seguridad”, señaló el liberal Enrique Buzarquis.
“No leímos todavía. Entiendo que sí”, manifestó, dando su postura a favor, el senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida.
CRONOLOGÍA. A modo de antecedente, el 23 de agosto de 2022, la senadora Masi presentó un proyecto de resolución que formula denuncia ante el Ministerio Público en contra del fiscal Lorenzo Lezcano, y la entonces fiscala general Sandra Quiñónez.
Fue por la supuesta comisión de hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal con agravantes e inducción a un subordinado a un hecho punible.
En la argumentación, se mencionó la posible existencia de conductas que podrían tener relevancia penal.
En el caso de Lezcano, se alegó “su actuación dolosa en el marco de la causa penal caratulada persona innominada sobre hecho punible a determinar, además de otras causas vinculadas”.
En el caso de Quiñónez, “por su conducta omisiva” y que “constituyen hechos de gravedad considerable que han afectado no solamente la institucionalidad de la República del Paraguay, sino también la vida de un fiscal de impecable trayectoria, el abogado Marcelo Pecci, y otros ciudadanos paraguayos y extranjeros, debido a hechos de sicariato, vinculados a organizaciones criminales que actuaron y siguen actuando en nuestro país”.
Hubo varias sesiones que quedaron sin cuórum para evitar el tratamiento de este proyecto, hasta que abiertamente el cartista Sergio Godoy admitió que estaban en contra.
Recién el 6 de octubre, pasado, en medio de una abierta oposición por parte del cartismo, se logró la aprobación, pero solamente para demandar a Lezcano, excluyendo a Quiñónez. Todos los cartistas habían votado en contra.
