La primera vía de acción de las Naciones Unidas en el marco de los sistemas alimentarios se centra en garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos y todas. Esto quiere decir que en ningún momento deben faltar estos productos y que al mismo tiempo deben ser asequibles y aptos para el consumo. Significa también que estos alimentos que provee la naturaleza deben ser tan diversos como las vitaminas que contiene cada uno de ellos y que son necesarias para la salud humana.
Estos objetivos van de la mano de una producción sostenible que también defiende el organismo internacional, un modelo que es visto como una amenaza para el comercio de alimentos que tiene origen en los cultivos y la ganadería empresarial. Como respuesta, los países de la región, entre ellos Paraguay, invitan a mirar a la agricultura como una solución y no como un problema para la preservación del ambiente, así como a diferenciar las realidades y responsabilidades de las naciones según el nivel de contaminación que causan.
Podría pensarse que los países hermanos se unieron en busca de una política económica y alimentaria que debe pensarse desde Latinoamérica y para el bienestar de Latinoamérica, sin imposiciones externas, pero la verdad es que esta idea está lejos de ser transgresora y descolonizadora.
El mensaje que llevan los países sudamericanos en realidad representa los intereses del agronegocio y toda su cadena, que a su vez está bajo dominio de las multinacionales. En este sentido, no se puede sostener que las decisiones de los Estados respecto a la producción de alimentos son independientes, pues los intereses empresariales además permearon en lo más profundo de las estructuras de los gobiernos.
Basta con mencionar algunas evidencias acerca del desinterés para asegurar la disponibilidad de alimentos de la población paraguaya. De acuerdo con los datos estadísticos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, en el 2020 creció la importación de hortalizas en un 62,7% y si solo se tienen en cuenta las verduras que más consumimos como tomate, locote, papa, cebolla y zanahoria, se observa que la compra desde Argentina y Brasil pasó de 84.324 a casi 142.000 toneladas entre el 2019 y el año pasado, ni hablar de los productos que ingresan de contrabando. Esta situación es el resultado de la reducción del área de producción en manos de la agricultura familiar, así como de la destrucción de sus cultivos por factores climáticos y que ante la carencia de seguros agrícolas repercute en una menor capacidad para comprar insumos para el siguiente ciclo y así sucesivamente todos los años.
El acceso a la proteína animal es otro ejemplo, mientras el país se vende como un proveedor de carne vacuna de primera calidad, sus precios están cada vez más inalcanzables a nivel local como el caso de la rabadilla, lomo y carnaza negra, productos que conforman la canasta básica y que, sin embargo, están lejos de llegar a toda la población. Aunque el sector cárnico se esfuerza por explicar que muchos cortes populares como el caso de la costilla tienen una salida continua en el mercado interno, la verdad es que no es un ingrediente de los almuerzos diarios.
Estas carencias se agudizaron durante la pandemia y prueba de ello es la articulación de ollas populares que alimentaban a aproximadamente 2.000 personas, en su mayoría trabajadores informales que quedaron a la deriva como efectos colaterales de las restricciones sanitarias. Esta red solidaria se hizo tan fuerte que fue reconocida mediante una ley que además le otorgó recursos en forma de ingredientes para transformarlos en comidas. Sin embargo, el Estado ahora les cortó el suministro, violando a su paso todas las disposiciones internacionales y nacionales que garantizan el acceso a los alimentos sin distinción de clase, raza y género. ¿Dónde está ahora el Paraguay como gran productor de alimentos?
