Luis Irala
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Si bien la economía del país muestra números alentadores, para el ex ministro de Hacienda, Dionisio Borda, existen situaciones preocupantes como el aumento de los gastos del Presupuesto 2024, el lento avance de las reformas estatales y la falta de empleo decente y bien remunerado para los profesionales jóvenes.
–¿Cómo está la economía al cierre del primer semestre del 2024?
–La ratificación de la proyección del crecimiento económico de 3,8% del PIB y la inflación de 4% anual es una buena noticia cuando la región crecerá a penas en torno a 1,9%. En nuestro país, la preocupación siempre constituye la alta concentración del crecimiento que beneficia a algunos, mientras la gran mayoría pervive con bajos ingresos e incertidumbre para satisfacer sus necesidades básicas. El otro hecho a destacar es el aumento de las recaudaciones de 23,5% en el primer semestre. Veremos si se mantiene esta tendencia en el segundo semestre, pero los aspectos preocupantes son varios; no es para estar muy optimista. El incremento del presupuesto con relación al aprobado inicialmente por el Congreso trepó a USD 289 millones en el primer semestre, 3,2% más respecto al monto inicial y direccionado a gastos corrientes de 82% frente al 14% de gastos de capital. El Ministerio de Economía señala en su informe del primer semestre una fuerte retracción de las inversiones de obras públicas de 40,7% (todas las fuentes), equivalente a USD 129 millones, con doble efectos adversos: Disminución de la generación del empleo y retraso de las obras de infraestructura. Asimismo, el déficit operativo de la Caja Fiscal sigue aumentando y financiándose con dinero de los contribuyentes, en más de USD 147 millones. Por último, el déficit fiscal anualizado ya alcanzó 3,25%, muy superior a la meta de 2,6% a pesar el aumento, por un lado, de los ingresos tributarios, y por el otro, la deuda pública que registró 38,9% del PIB al quinto mes, más los preocupantes pasivos contingentes.
–¿Qué opinión tiene sobre los avances de las reformas estructurales del Gobierno
–Mucha lentitud y atraso desafortunadamente. A ocho meses de su promulgación, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones sigue sin implementarse, siendo uno de sus objetivos reestablecer la sostenibilidad financiera de las distintas cajas, la mayoría de ellas, con problemas. También se creó mucha expectativa para lograr la eficiencia y reducción de los gastos, con la ley de Ordenamiento de la Administración Pública, fusionando ministerios y secretarias, pero tampoco existe notorio avance. Se sabe que el FMI ha insistido en la necesidad de la ley de la función pública y la carrera del servicio civil que aún no se ha enviado al Congreso. Y ni mencionar el proyecto de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del sector público o Caja Fiscal que genera altos costos anualmente para los contribuyentes tributarios. Esperamos más celeridad y menos discursos.
–El Gobierno debe cumplir aún con los requisitos pendientes de Instrumento de Coordinación de Políticas este último año del convenio con el FMI, ¿cómo lo evalúa?
–Una de cal y otra de arena. Como se sabe tiene tres pilares fundamentales. El primero trata sobre la estabilidad y resiliencia macroeconómicas, mediante la creación de colchones fiscales y garantizando la sostenibilidad fiscal, con el aumento del ingreso tributario. Creo que se está cumpliendo. El segundo apunta a la productividad y crecimiento económico que demandan reformas estructurales para mejorar la eficiencia del Gobierno, la modernización del sector público y mejorar el clima de negocios. Estas tareas siguen con atrasos. El tercero, con saldo rojo. El Gobierno está en deuda porque se trata de mejorar la protección social y la eficiencia de los programas de asistencia social, con la aplicación de reformas que incorporen a los trabajadores informales a la economía formal.
–¿Qué más puede decirnos sobre los actuales problemas sociales?
–En primer lugar, la falta de empleo para los jóvenes, constituye una seria restricción y preocupación, no solo para la fuerza laboral con poca calificación, sino también aquellos jóvenes de formación terciaria, que tienen dificultades para conseguir un trabajo. Además de la escasez de empleo decente, las condiciones laborales, la informalidad y la baja remuneración no entusiasman a los jóvenes en los trabajos dependientes. En segundo lugar, el nivel de pobreza tanto monetario como multidimensional es elevado; en el primer caso, es de 22,7% y en el segundo caso, es de 17,2% y ambos aumentan considerablemente en el área rural. En tercer lugar, la desigualdad de ingresos, riquezas y oportunidades entre las personas y grupos tales como de género, territorio, etnias, entre otros. Por último, la inseguridad física, la violencia y asaltos están en el orden del día.
–La sociedad civil está enfrentada con el Gobierno por la ley anti organizaciones sin fines de lucro, ¿qué opinión tiene al respecto?
–La ley mordaza establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las ONG y es abiertamente represiva y autoritaria que pretende, por una parte, controlar fondos privados y, por otra, no permitir que la sociedad civil organizada sea contrapeso de las políticas públicas en un sistema democrático. Paradójicamente, crecen la corrupción, el nepotismo, la narcopolítica en la esfera pública, así como la degradación de la representación y el debate parlamentario y la intolerancia política. El Congreso es una vergüenza y preocupa la abierta injerencia de un sector del partido Colorado sobre el Gobierno que representa un retroceso de la institucionalidad de la República. En estas condiciones de degradación de la democracia no podemos pretender atraer las inversiones extrajeras ni entusiasmar las inversiones nacionales.
