Ayer me preguntaron si existe libertad de prensa en el Paraguay. Dije: Formalmente, sí desde la promulgación de la Constitución Nacional en 1992 (artículos 26, 27 y 28), aunque en diferentes momentos de los 31 años de democracia han habido numerosas voces, rémoras de la dictadura stronista, que amenazaban con alinear “como velas” a los medios de comunicación; además de legisladores y políticos tentados a plantear una ley de prensa cada vez que se sentían “desnudados” por publicaciones que demostraban sus fechorías.
El recorrido para incorporar y poner en vigencia este derecho, absolutamente conculcado durante los 35 años del gobierno déspota de Alfredo Stroessner (1954-1989), ha implicado caminos escabrosos y numerosos obstáculos. Uno de ellos, la cultura autoritaria que ha cedido muy poco. Otra, la magra educación de la población en general en materia de derechos y en civismo.
En este contexto de pasado reciente de falta de libertades, la libertad de prensa se halla constantemente amenazada por muchos factores como la cultura de la opacidad, empresas periodísticas con fines no periodísticos, empresarios de medios que no asumen ni remotamente que la información es un bien público y que, como tal, le son connaturales los requisitos de independencia y pluralismo y que el cometido de la prensa es buscar la verdad.
La libertad de prensa se distorsiona cuando los medios de comunicación se crean exclusivamente para sostener a una figura con aspiraciones político-partidarias o para atacar a sus enemigos ocasionales. O bien, para defender, por encima de la verdad, intereses particulares y empresariales de una industria de la comunicación, vacía de valores. No existe libertad de prensa cuando en una empresa de medios de comunicación se rompe el equilibrio y lo comercial se impone a lo periodístico y al deber de informar, y se echan por tierra principios elementales como la imparcialidad y la convicción de que a quienes nos debemos en la tarea informativa es a los ciudadanos.
No hay libertad de prensa cuando hay espionaje o vigilancia ilegal a periodistas. Cuando los ataques en línea no son investigados, aunque se los denuncie. Tampoco cuando se aplica el hostigamiento judicial a periodistas obligándolos a testificar cada vez que su trabajo de investigación pone al descubierto los entramados de la corrupción.
Tampoco cuando los dirigentes de todos los niveles, pero particularmente políticos, propalan discursos de odio y desprestigian a la prensa en general o a periodistas y medios en particular en sus mítines y a través de las redes sociales, azuzando a sus copartidarios a agredir a los trabajadores de prensa.
No hay libertad de prensa cuando los propios periodistas no asumen el periodismo como una profesión que realiza acciones propias, éticamente evaluables, y que requiere ser resguardado por ellos mismos, en primer lugar, y su ejercicio garantizado por el Estado y sus empleadores con mecanismos de protección y procuramiento de justicia cuando se denuncian agresiones y amenazas.
Menos aún podemos hablar de libertad de prensa si se asesina a periodistas o se atenta contra los medios como actos criminales extremos que buscan acallar. La libertad de prensa se ve amenazada cuando ejércitos de troles, pagados por mentes oscuras, hostigan, asedian, agreden, acosan online a periodistas y a sus medios por su posición o porque revelan irregularidades, evidencian abusos, omisiones, indolencias e ineficiencias de quienes tienen el poder y toman las decisiones desde el Estado. La libertad de prensa está en entredicho cuando por inacción del Estado surgen zonas de silencio, como en nuestras ciudades fronterizas, donde los poderes fácticos ponen las reglas y son cada vez más los temas y personajes sobre los que la prensa no debe fijar la mirada.
Finalmente, sin responsabilidad, no hay libertad de prensa. Menos aún, si se confunde este derecho con libertinaje y a través de la prensa o las redes sociales se comete todo tipo de abusos.
