Tres instituciones del Poder Ejecutivo manejarán un fondo de USD 5 millones para la compra de víveres.
Organizaciones sociales aglutinadas en la Red Nacional por el Derecho a la Alimentación presentaron ayer una nota ante la Secretaría de Emergencia Nacional donde indican una serie de condiciones que esperan se tengan en cuenta en la reglamentación de la Ley 6603.
De acuerdo con la nueva ley de ollas populares, la SEN administrará G. 15.000 millones. Mientras que el Ministerio de Desarrollo Social tendrá fondos por G. 10.000 millones, al igual que el Instituto Paraguayo del Indígena. Entre las condiciones para realizar la asistencia se cuenta que estas instituciones deben presentar mensualmente la lista de las comunidades que serán beneficiadas con los víveres, la cantidad de ollas populares y la nómina de las personas que reciben la ayuda estatal.
La propuesta de reglamentación presentada por la articulación bañadense de ollas populares plantea que para la adquisición de insumos de la agricultura familiar campesina se realizará teniendo en cuenta el Decreto 3000/15 que fija la modalidad de contratación a través del proceso simplificado para la adquisición de productos agropecuarios.
Las instituciones del Poder Ejecutivo deberán basar sus compras en las recomendaciones suministradas por el INAN en lo relacionado con la cantidad y calidad. Todas las ollas populares serán verificadas por la comunidad.
