Desde la noche del lunes los seguidores del ex presidenciable Paraguayo Cubas realizan movilizaciones en todo el país. Durante el primer día bloquearon varias rutas, atacaron ambulancias y se enfrentaron en varias ocasiones a la Policía Nacional.
Estas personas denuncian un supuesto fraude electoral en las últimas elecciones generales, cuyo vencedor fue el colorado Santiago Peña, quien se impuso por más de 460.000 votos al opositor Efraín Alegre. Paraguayo Cubas se ubicó en el tercer lugar.
Ante los disturbios que se registraron en los últimos días, la Policía Nacional reportó este jueves que un total de 208 personas fueron aprehendidas. Se las sindica de perturbación a la paz pública y otros hechos punibles.
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En ese sentido, la institución policial detalló que 30 de los detenidos están en el Departamento Judicial, 27 en la sede de la Agrupación Especializada, 62 en la Agrupación Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y 36 en distintas comisarías.
La lista continúa con seis personas que ya cuentan con arresto domiciliario, cuatro obtuvieron medidas alternativas a la prisión y cuatro menores fueron entregados a sus padres. A todos ellos se suman otras 39 que ya fueron puestas en libertad.
La Fiscalía ya imputó a un total de 65 seguidores de Paraguayo Cubas, por perturbación de la paz pública y resistencia, tras los disturbios en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en Asunción. Un juez dispuso la prisión preventiva para 45 de ellos.
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El fiscal Alcides Giménez afirmó que los manifestantes son muy violentos. Sobre Paraguayo Cubas dijo que aún no se lo puede procesar porque solo está actuando como instigador en las redes sociales.
“La ley es específica y la responsabilidad penal es de cada uno. Acá los manifestantes son los que actúan de forma violenta. Él (Payo Cubas) actúa como instigador, pero a través de videos, lo hace de forma genérica, a nivel país”, sostuvo en radio Monumental 1080 AM.
La UIP, Asimcopar y la Feprinco rechazaron las protestas violentas de los últimos días por afectar el derecho ciudadano, desalentar las inversiones y la necesaria recuperación económica del país.
Los empresarios se muestran altamente preocupados por el retroceso que representan en democracia los hechos vandálicos que se vienen registrando en todo el país.