En un dictamen, los concejales departamentales de Central del PLRA, dan a conocer detalles de las irregularidades de la gestión de Hugo Javier González en el 2021. Los ediles pretenden una auditoría de la Contraloría.
Entre las irregularidades se destaca una diferencia de G. 5.161.197.902 en el rubro de merienda escolar. Según la ejecución final, se observa como pagada la suma de G. 69 millones y según la planilla de transferencia unos G. 75 millones. Tampoco existen las rendiciones de cuentas de las transferencias por un monto de G. 4.000 millones.
En cuanto al uso de combustibles, se utilizó la totalidad del rubro de combustibles de la Junta Departamental de G. 357 millones, cuando por la pandemia se suprimió dicho rubro. “Estaba prohibido por ley el uso del combustible que corresponde a la Junta Departamental y no se sabe dónde y cómo se utilizó porque no especifican”, comentó el concejal Adrián Billy Vaesken. Asimismo, existe una adenda al convenio entre Petropar y la Gobernación de Central para la provisión de combustible, pero dicho documento no se dio a conocer.
También se halla una diferencia de G. 3.000 millones entre el listado de ejecución de ingresos y la ejecución mensual, ya que en la primera planilla figuran G. 127.000 millones y en la segunda G. 124.000 millones. Asimismo, en el balance hay una diferencia de G. 1000 millones en lo que respecta a la deuda flotante.
También observaron falta de transparencia en la utilización de los recursos en cuanto al pago a las empresas “Sendero SA” y “CO-IN Conceptos Industriales Navales”, en concepto de anticipo del 20% correspondiente a contratos para mantenimiento y reparación de instituciones. No se dieron a conocer las facturas ni los trabajos realizados. Tampoco se han especificado las escuelas pero cada una de las empresas recibió G. 396 millones.
En cuanto a la inversión física se verificó una ejecución de G. 5.000 millones, cuando lo presupuestado fue G. 18.000 millones. Asimismo, existe una diferencia de G. 5.000 millones entre la ejecución presupuestaria mensual que fue de G. 90.000 millones y en otra planilla se observa que se pagó G. 85.000 millones. En el rubro de las becas, se verifica que no existen rendiciones de cuenta de las transferencias efectuadas por un monto de G. 1.669 millones, destinados a la Universidad Nihon Gakko que recibió G. 488 millones y la UPAP, G. 1.181 millones.
La Gobernación de Central transfirió G. 2.781 millones a instituciones educativas e instituciones sin fines de lucro. Se observa la falta de documentación de G. 282 millones que fueron distribuidos a varias instituciones.
En concepto del proyecto de adquisición de plantas generadoras de oxígeno medicinal para los hospitales de Lambaré y Areguá, se han invertido G. 1.985.200.000, pero no existen documentaciones ni rendición de cuentas de dicho fondo que estuvo a cargo del Consejo Regional de Salud.
Este documento fue puesto a consideración la semana pasada en la sesión de la Junta Departamental, donde una mayoría intentó pero no logró los números para mantener el rechazo al balance, ya que los oficialistas “ayudaron” al cartismo.
3.200 millones de guaraníes no están registrados en la planilla deingresos y existen varios faltantes según dictamen.
