El proyecto de Transformación Educativa 2030 sigue generando resistencia en sectores de la sociedad. En tanto, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se mantiene en su postura de continuar con el proceso y niega contenidos basados en ideologías.
La iniciativa cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, que destinó cerca de 40 millones de euros para este plan.
Por su parte, organizaciones sociales y referentes de la educación en nuestro país, como el padre Montero Tirado, además de gremios docentes (FEP, UNE, OTEP), rechazan la iniciativa, instando a su suspensión y reconversión.
“Creo que la ciudadanía está tomando conciencia de lo que se tiene que hacer, y que es, además de cumplirse la ley, rescindir el convenio de cooperación con la Unión Europea (UE); hay que rescindir el convenio y derogar la respectiva ley, y ser soberanos sobre la educación de nuestros hijos en este país”, expresa Valeria Insfrán, abogada y titular de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia Paraguay, entidad que nuclea a 35 organizaciones de la sociedad civil y que apoya que el proceso sea suspendido y se retome a cargo del Conec (Consejo Nacional de Educación y Ciencias), al que consideran el órgano natural establecido por la ley para el tratamiento de este tipo de proyectos.
Cuestionamientos
La Red Ciudadana cuestiona la legalidad y la legitimidad del proceso, además de “cuestiones de fondo” como los ejes transversales del proyecto que tienen un “alto contenido ideológico” y de amplio alcance, y que –consideran– abren las puertas a modelos educativos que organismos internacionales vienen imponiendo en diversos países, basados en la ideología de género y su adoctrinamiento.
“El proyecto conserva conceptos objetados, como ser los ejes transversales, que son la interculturalidad, la inclusión y el enfoque de derecho. Este es un primer punto que hemos denunciado públicamente, explicando la carga ideológica de estos conceptos que suenan muy lindos, suenan bien, pero que son realmente palabras que se utilizan manipulando el lenguaje, y que parecen expresar un significado, pero que tienen otro más amplio detrás, y que ya se aplican en otros países”, explica Insfrán, agregando que para implementar el plan no se realizó un diagnóstico serio sobre la situación de la educación en Paraguay, sus necesidades y prioridades, así como de la reforma educativa de los años 90.
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Enfoque de derecho
Respecto al enfoque de derecho, explica que este puede entenderse a simple vista como la cuestión de igualdad y de derechos, pero que, sin embargo, tiene otras implicancias incluso con términos no utilizados de forma explícita, según revelan los estudios de legislación comparada y de doctrina, argumenta.
“El enfoque de derecho lo hemos denunciado, porque implica un debilitamiento de la patria potestad (derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos), porque invierte la jerarquía, el orden de prelación respecto a los que garantizan el derecho de los niños, poniendo por encima de la familia al Estado. Además, implícitamente, este concepto tiene como base la educación en género, cuyas implicancias ya se conocen”, apunta.
Formación docente
Otro tema de fondo cuestionado por las organizaciones de la Red Ciudadana es la injerencia que este documento permite de organismos internacionales en la formación de los docentes del Paraguay.
“Objetamos la cuestión de la formación docente y el cambio curricular previsto en esta ley que aprobó el convenio de la UE, que establece condiciones para elaborar el currículum, y se condiciona el tipo de formación docente que se dará. Entonces, ya no tenemos soberanía en la redacción de nuestros currículums ni para nuestros niños ni docentes. Quieren alinear a los docentes respecto a contenidos que ellos buscan. Por eso tenemos al MEC, la Unión Europea, la OEI trabajando en esto”, remarca.
“Buscan la homogenización”
Insfrán reconoce que hay presiones hacia el MEC y los docentes buscando la aprobación del plan y señala que el punto de origen está en un proyecto más global, que es la Agenda 2030, que hace referencia a temas positivos, con términos aprobados por todos, pero que a la postre tienen los mismos objetivos.
“Buscan la homogenización, sin respetar las características culturales o los valores y tradiciones de cada país. Hay un gran proyecto de ingeniería social que nos viene de esos organismos, y por eso también se busca cambiar las constituciones de los países”, indicó.
Subrayó que los tres ejes transversales cuestionados tienen su origen en la Agenda 2030, “agenda que está en nuestro sistema jurídico a través de un decreto”.
“La agenda nunca fue aprobada por una ley del Parlamento, no pasó por el Congreso para que pueda formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. A nadie se le explicó realmente el verdadero alcance y las consecuencias del desarrollo de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible que impone”, dijo.
“Proteger a nuestros niños”
Finalmente, explicó que el tema es complejo, con muchos intereses en juego, por lo cual el proyecto de Transformación pretende incluso un reordenamiento jurídico respecto a la educación en Paraguay, adecuándolo a las pretensiones de estos organismos financistas. “Por eso han pasado por encima de la Ley General de Educación”, señala la abogada, y añade que justamente esto ha generado “una ilegitimidad” del proceso, porque los foros no se hicieron con las comunidades educativas debidamente integradas, como taxativamente señala la Ley General de Educación, apuntó.
“Aquí, más que cambiar conceptos, ya se trata de hacer las cosas como se tienen que hacer, respetando las leyes vigentes. Esta historia la conocemos. El futuro de estos contenidos educativos con enfoque de género y derechos ya lo conocemos. Es presente en otros lugares con el apoyo de estos organismos internacionales. Los resultados están a la vista, solo hace falta ver cómo están Argentina, España y otros. Tenemos una responsabilidad muy grande como sociedad de proteger a los niños y jóvenes de Paraguay”, concluyó.
