La activista y abogada Esther Roa denunció que César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel Junghanns, fue contratado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por EEUU la semana pasada.
El jugoso sueldo del hijo del ministro llega a los G. 24.093.550, como director de la Unidad Operativa de Contratación. Tiene un sueldo de G. 15 millones, una bonificación por responsabilidad en el nivel superior de G. 5.560.050 y gastos de representación por G. 3.533.500.
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La contratación se habría dado en el año 2022, bajo la presidencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Jorge Bogarín, quien incluso fue reelecto en una aparente jugada política y, finalmente, dio un paso al costado, luego de cuestionamientos sobre la legalidad de su reelección.
EEUU declaró significativamente corrupto a Jorge Bogarín el pasado jueves y a Vicente Ferreira por supuestamente interferir en procesos judiciales, afectando la “independencia e imparcialidad” del Poder Judicial.
Tras esto, se solicitó la renuncia de Bogarín ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura. En el JEM, a pedido suyo, se le otorgó un permiso el jueves, mientras que ante el Consejo de la Magistratura descartó renunciar.
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El mismo día, allegados y seguidores de Bogarín se reunieron frente al JEM, donde con hurras, cánticos y aplausos se retiró del lugar, al estilo del fallecido ex político Óscar González Daher, también ex presidente del JEM y cuestionado por negociados en la Justicia.
No es el primer caso en el que políticos e incluso ministros de la CSJ acomodan a sus hijos en cargos importantes y con jugosos salarios.
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Otro de los casos es el del también ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, quien se encuentra con permiso y a la espera de su jubilación tras el escándalo que desató la vinculación de su hijo con Kassem Mohamad Hijazi, quien fue extraditado a EEUU por conexiones con el terrorismo.
Amílcar Fretes trabajaba en Itaipú con un jugoso salario y había cobrado más de USD 300.000 para tratar de evitar la extradición de Mohamad Hijazi e interceder a través de su padre.
Tras el escándalo, se vio obligado a renunciar al cargo y su padre tuvo que pedir permiso, mientras era salvado por el sector cartista de un juicio político.