Más allá de los dislates del “estoy o no de acuerdo”, que es legítimo, pero no funda Estado ni radica, por lo general, en hechos concretos jurídicos o legales, sino en pareceres, lo que existe y está acordado y homologado se asume y acata, aunque pueda criticarse. Lo que no está dado es medrar con ello y mucho menos promover información engañosa o propaganda para buscar un mejor posicionamiento del Gobierno en la opinión pública, por encima del respeto a la institucionalidad, como si eso cambiara los hechos en la práctica. El juego de la posverdad, el buscar convertir la opinión en sensación de un hecho de verdad, tiene una duración fútil y solo abastece la mediocre condición de gobernantes, autoridades de ocasión o individualidades.
La demanda que Paraguay enfrenta ante la CIDH no es de ahora, sino el resultado de haberse agotado el proceso interno, de no haber cumplido los organismos del Estado la necesaria justicia, al no haberla garantizado ante un comprobado hecho de terrorismo de Estado contra civiles...
Uno puede ponerle el sesgo ideológico que le apetezca. Pintarlo del color más brillante u opaco que guste. Proyectar todas las ideas que se le ocurran. Sin embargo, todo eso no modifica los hechos. Agentes del Estado paraguayo –en este caso, policías en ejercicio– secuestraron y torturaron a dos activistas. Este hecho viola claramente la Constitución y las convenciones internacionales ratificadas (aprobadas, firmadas y juradas cumplir) por Paraguay, en este caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica. El hecho fue a juicio en tribunales y al concluir el proceso y sentir los afectados que no hubo justicia, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de DDHH. Esta, luego de verificaciones, investigaciones, contactos con el Estado denunciado, etc., concluyó la pertinencia para presentar una demanda ante la Corte IDH. Así es como esta y otras causas llegaron a ese tribunal internacional. Así es como Paraguay fue condenado por el incendio en el Panchito López, los casos indígenas Yakye Axa, Xákmok Kásek, Sawhoyamaxa; o el caso Canese por libertad de expresión, etc.
La actitud del Gobierno de Mario Abdo Benítez, a través de la Cancillería, en este tema en particular, es penosa, mediocre y bravuconamente pendenciera. Manipular la información del caso, presentando al país como víctima y anunciando una eventual salida del organismo, etc., es una torpeza, es no estar a la altura de nada. Si el Estado no fue capaz de garantizar derechos y justicia, recibirá la sentencia. El caso que se juzga es por detención ilegal, desaparición forzada y tortura, perpetradas por agentes del Estado. Delitos altamente condenados y tipificados a nivel planetario. El juicio por secuestro que se les sigue a Arrom y Martí está sin condena en el Poder Judicial de Paraguay, ese es asunto aparte. El uno no se vincula procesalmente con el otro.
El Gobierno debe ser serio, aunque no esté de acuerdo; o retirarse de la OEA, si no quiere someterse a su órgano jurisdiccional.