Se ha debatido acabadamente esta semana acerca de las soluciones que pueden venir del Estado paraguayo para mantener o disminuir los precios de los combustibles, ante la feroz escalada de la cotización a nivel internacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Los informes internacionales nos hablan de que los barriles tocaron un techo histórico en las últimas semanas, lo que se convierte en una pesadilla para un país como el nuestro, ya que no somos productores de petróleo, ni tampoco contamos con refinerías activas, lo que nos obliga a comprar 100% de afuera y mediante intermediarios.
Los datos del Banco Central dan cuenta que al cierre de febrero, los precios de los combustibles ya subieron en lo que va del año un 9,3%, en promedio, con aumentos individuales del 8,2% en el gasoil común, del 11,2% en la nafta súper y del 14,4% en la nafta común.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo presentó la semana pasada al Parlamento el proyecto de ley que pretendía crear el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles en Paraguay (Fondecpy). El proyecto establecía subsidios a Petropar y a los emblemas privados para contener o disminuir los precios actuales, así como para minimizar nuevas subas si la cotización internacional sigue aumentando.
Dicho esto, el planteamiento parece perfecto, el Estado interviene para que la gente no vea golpeada su economía familiar, recordando que el combustible incide además en los precios de los pasajes, de los productos de la canasta básica y de cualquier artículo importado.
Los senadores, quienes en principio se mostraban dubitativos al respecto, con el correr de los días empezaron a mostrar reticencia y finalmente terminaron por rechazar casi unánimemente la propuesta. ¿El motivo principal? La toma de nueva deuda. Es que, la propuesta del Ejecutivo pretendía capitalizar el Fondo de Estabilización con un préstamo de USD 100 millones, lo que abultaría la ya elevada deuda pública.
Los senadores insistieron repetidamente en que, antes que una nueva deuda y de modo a no subir los impuestos, el Fisco debía aplicar un tijerazo a los gastos superfluos y disminuir los privilegios públicos.
Esto último, repetimos, sin pretender convertirnos en abogados del diablo, es hasta ofensivo, y vamos a poner de ejemplo solo lo ocurrido con el Presupuesto Público 2022.
Por decisión de los propios senadores, el Congreso no deberá llamar a concurso para contratar a operadores ni para subir los salarios de su plantel. Además, se excluyeron de cumplir con la Ley de Racionalización, con lo que pueden contratar a asesores y hasta a sus parientes, sin límites, siempre y cuando tengan disponibilidad de recursos.
Pero además, estos congresistas tampoco se animaron a eliminar los cupos de combustible de sus colegas. Solo en este rubro, el Parlamento tendrá G. 4.500 millones, con cupos mensuales de G. 3,5 millones para cada diputado. Por si esto fuera poco, los mismos senadores decidieron darle más de G. 58.000 millones al TSJE. ¿Para qué? Para que el Estado desembolse ese dinero a los partidos políticos, en un año de elecciones internas partidarias para presidente y cargos en el Congreso.
La idea de los senadores es buena, claro que sí. Este es un buen momento para empezar un recorte real a los gastos innecesarios, pero sería bueno que los legisladores también miren hacia adentro y dejen de lado la hipocresía.
