Con una presión fiscal que no llega ni al 10% (ingresos tributarios sobre PIB), pero con la imperiosa necesidad de obtener el financiamiento necesario para ir acortando la enorme brecha en infraestructura, principalmente, la administración pública ha acelerado de forma peligrosa la toma de préstamos y la emisión de bonos, tanto a nivel local como internacional, a tal punto que ya genera preocupación en el sector privado y presiona a las autoridades fiscales a usar el ingenio para idear herramientas que ayuden a disminuir su vorágine.
A esto se sumaron los últimos desastres naturales y la pandemia del Covid-19, crisis que todavía no se han ido totalmente y que siguen afectando a miles de hogares paraguayos. Estos dos shocks han requerido un enorme esfuerzo fiscal y financiero, lo que, al final de cuentas, impactó muy fuertemente en el orden y el control de las finanzas públicas.
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Hacienda, solamente en la última década, el pasivo estatal se cuadruplicó. Los informes publicados periódicamente por la cartera que lidera el Equipo Económico dan cuenta que la deuda pasó de los USD 3.591 millones al cierre del 2012 a los USD 15.053 millones al término del 2022.
Esto nos señala que el crecimiento que han registrado las obligaciones del Estado paraguayo llega a los USD 11.462 millones. En términos porcentuales, el incremento representa el 319%.
Si bien el resultado del pasivo comenzó a aumentar más velozmente desde que nuestro país decidió empezar a colocar sus bonos soberanos en el mercado internacional en el 2013, el gran salto obviamente se dio durante la pandemia.
Siempre, según los datos del Ministerio de Hacienda, en los años 2020 y 2021, la deuda pública tuvo un crecimiento de casi USD 4.800 millones para financiar la crisis del Covid-19 y los programas de reactivación económica. Esto incluye a los compromisos tomados por el Tesoro Público, así como los garantizados a entidades descentralizadas que llevaron adelante programas de apoyo, como la AFD, BNF o ANDE.
La deuda pública está hoy en el 37% del PIB, ya cada vez más lejos del 30% que era recomendado como prudente y cada vez más cerca del 40%, un nivel que el propio Ministerio de Hacienda ha considerado como comprometedor. No obstante, la frenética carrera del pasivo no detendrá su aumento en el último año de Mario Abdo Benítez al frente del Ejecutivo.
El Presupuesto 2023 prevé la toma de nueva deuda por valor de USD 1.433 millones en este año. Además, hay otros préstamos por USD 2.000 millones que están siendo negociados con multilaterales o ya están en espera de ser aprobados por el Parlamento para su ejecución en años venideros.
A pesar de este difícil panorama, poco y nada se ha escuchado a los candidatos debatir sobre el tema. Si bien se ha hablado generalmente sobre crecimientos inclusivos, seguridad jurídica, informalidad o contrabando, nada en específico se ha dicho sobre este indicador clave de las finanzas públicas.
Una deuda descontrolada, indefectiblemente, terminará no solo por reducir la inversión en infraestructura y en la mejora de los servicios básicos, sino que, además, implica que cada vez más recursos del Presupuesto Público se destinarán al pago de los compromisos y menos a los gastos sociales. Esto, sin siquiera contar que puede terminar por empujar a las autoridades fiscales a pensar en nuevos impuestos para sobrellevar esa pesada carga.
Es urgente e imperioso que los presidenciables, así como los candidatos al Legislativo, inicien un diálogo abierto y profundo sobre este tema. No se puede hipotecar el futuro de millones de paraguayos.
