Poco después de las últimas elecciones internas partidarias realizadas en diciembre de 2017, la organización Semillas para la Democracia reveló un dato sorprendente. El candidato a senador por el PLRA Dionisio Amarilla declaró haber gastado nada menos que 330.000 dólares en los últimos quince días de campaña. Eso lo convertía en el segundo candidato con mayor inversión publicitaria, solo superado por Santiago Peña y por encima del ganador de la ANR, Mario Abdo Benítez. Y eso que sabemos que los candidatos no reconocen todo lo que invirtieron.
La información era llamativa, pues en las dos décadas previas a ser senador, en 2013, Dionisio había trabajado en la administración de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Fue por eso que la prensa puso bajo la lupa su fortuna. Lo que encontraron fue interesante: una coqueta residencia en Fernando de la Mora, una casaquinta de cuatro hectáreas en Ñemby y varios vehículos. Pese a los gastos de campaña, había adquirido al contado una camioneta de más de 700 millones de guaraníes y, según se publicó, tiempo antes había prestado medio millón de dólares a un candidato a intendente colorado.
A Dionisio Amarilla quisieron vincularlo con una empresa constructora que ganaba el 70% de las obras de la Gobernación de Ñeembucú y que realizaba trabajos de lamentable nivel, pero él lo negó con vehemencia. Entonces, si no había otra fuente de ingresos, había demasiado dinero dando vueltas. Y ocurrió lo previsible: en julio del año pasado una coordinadora de abogados lo denunció penalmente por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. A fines de setiembre el Ministerio Público decidió abrir una carpeta fiscal y solicitó a la Contraloría General de la Nación la correspondencia de bienes del senador. No se nombró ningún fiscal, pues se esperaba ese dato. Recuerde la fecha: setiembre del año pasado. Cinco meses después, la Fiscalía General sigue esperando. La denuncia corre el riesgo de ser desestimada sin que se haya avanzado ni un centímetro.
Aquí viene la parte amorosa de la historia. La persona encargada de facilitar la información es la directora de Declaraciones Juradas, Analy Valiente, la esposa de Dionisio Amarilla. Es así, aunque no lo crea. Ella también era funcionaria de la UNA hasta que fue salpicada por las denuncias de #UNAnotecalles y consiguió ser nombrada en la Contraloría. En realidad, Dionisio Amarilla logró convertir esa entidad en un búnker familiar y partidario integrado por más de una docena de leales.
Esta historia kafkiana no puede terminar así. Puede entenderse que la fuerza del amor haga que Analy Valiente defienda a su esposo. Pero el contralor Enrique García podría tomar el caso personalmente, ¿o hay, como lo dicen muchos, una protección mutua? ¿La fiscala general Sandra Quiñónez no puede allanar la Contraloría como se hizo en otros casos? En democracia no deberían existir personajes inexpugnables.