“Holanda pide justicia y por eso estamos aquí", dijo Pirenne a la AFP vía telefónica desde el área rural de Santa Rita, 75 km al norte de San Salvador, donde realiza una visita para inspeccionar el área donde los comunicadores fueron asesinados.
El 17 de marzo de 1982, los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen murieron tras una emboscada tendida por el ahora proscrito batallón Atonal, Santa Rita, departamento de Chalatenango.
Los comunicadores habían llegado a El Salvador para elaborar un documental que reflejara el contraste que experimentaba una familia de la capital San Salvador y otra que vivía en un poblado en conflicto.
Seis días antes del crimen, agentes de ahora la disuelta Policía de Hacienda interrogaron a los periodistas y “fueron perseguidos y amedrentados” al punto de intervenir la habitación del hotel donde se alojaban en la capital salvadoreña, recordó en un comunicado la fundación Comunicándonos.
El múltiple crimen a pesar que ocurrió hace casi 40 años “es muy actual” y “muy ambiguo”, comentó la embajadora Pirenne, quien llegó acompañada de delegados de la Unión Europea.
“Estamos aquí para informarnos y entender mejor lo que sucedió, y tener más conocimiento porque es una historia que yo leí en la prensa de esos años, pero estar aquí, donde todo sucedió, realmente es muy impresionante”, exclamó.
Tras caminar entre la maleza, en el lugar de la emboscada, Pirenne depositó cinco ramos de flores, uno por cada periodista y uno por los 75.000 salvadoreños que murieron en la guerra civil.
Un tribunal de la ciudad de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, inició la causa para aclarar el caso en 1982, pero se estancó porque la jueza que lo investigaba fue amenazada y se refugió en Canadá.
En 1993 la causa se congeló completamente por la Ley de Amnistía que perdonó los crímenes de guerra.
Pero en 2016 la justicia salvadoreña declaró inconstitucional esa ley. Tras ello, el 13 de marzo de 2018 diferentes organizaciones presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía contra los autores intelectuales y materiales.
Para exigir justicia, los abogados que representan a los familiares de los periodistas se presentaron en julio pasado ante el juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.
Tras finalizar la guerra civil, la Comisión de la Verdad, creada por la ONU concluyó en 1993 que “existe plena evidencia” que en el crimen de los periodistas estaban involucrados militares.
