Según la sentencia, este hombre, que recibía asistencia social desde el 2 de octubre de 2013, mostró su interés en un curso de capacitación como oficial de eliminación de asbesto, que garantiza un trabajo una vez finalizado el curso, en un paso hacia la integración laboral.
En una breve entrevista individual a finales de 2015, un empleado del instituto de capacitación le dijo que “debía afeitarse la barba para el entrenamiento práctico con este material para evitar que las partículas de asbesto terminasen en su barba, lo que sería perjudicial para su salud”, al tratarse de una sustancia cancerígena.
El solicitante se negó a afeitarse la barba “debido a sus convicciones religiosas, por lo que no puede participar en la capacitación”, subrayó la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.
En noviembre de 2015, el ayuntamiento de Amersfoort (centro) decidió suspender el pago mensual -que garantiza el ingreso mínimo legal para los residentes en Holanda- al solicitante y a su esposa porque “no hizo uso de una disposición ofrecida por la Junta al negarse a participar en la capacitación” que le garantizaba trabajo.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl afectado apeló la decisión del municipio en el tribunal, argumentando que viola su derecho a la libertad religiosa.
La corte consideró “justificada y proporcional” la exigencia a este hombre de afeitarse la barba y recordó que, según los abogados del consejo municipal, el curso era “una oportunidad para el apelante de obtener automáticamente un trabajo remunerado”, después de haber estado desempleado durante dos años por problemas de drogadicción y tras su paso por prisión.
“Por razones de salud, es necesario un dispositivo de protección respiratoria (máscara) que se ajuste bien a la piel, lo cual no es posible si la persona involucrada tiene barba”, añadió el tribunal.
Sobre las máscaras disponibles en el mercado para personas con barba, un inspector del Ministerio de Sanidad aseguró a la Corte que “en las inspecciones solo se acepta el equipo de protección específico ofrecido en la prueba y, por lo tanto, el usuario debe afeitarse”.
El tribunal recordó que “el Gobierno se esfuerza en lograr la independencia económica y financiera de tantas personas como sea posible” y explicó que, “quienes asuman los costes de esas disposiciones, por solidaridad deben poder confiar en el hecho de que una ayuda solo se proporciona en los casos en que sea realmente necesaria”.
