Por César Cabrera Conde | cecabrera@uhora.com.py | @cabreraconde
La relación de Cartes con los DDHH no fue tan buena en estos primeros meses de Gobierno.
Una de sus primeras acciones fue nombrar a Eladio Loizaga como ministro de Relaciones Exteriores, quien había trabajado en el gobierno de Alfredo Stroessner durante varios años, e incluso llegó a formar parte de la Liga Anticomunista Mundial.
La segunda prueba se dio con la pretensión de que, justamente, el nieto del dictador, Alfredo “Goli” Stroessner, sea embajador ante las Naciones Unidas. Pero el Ejecutivo tuvo que rever su postura, ante la presión de la ciudadanía, y luego desistir del nombramiento.
Una de las leyes que Horacio Cartes se apuró de lograr fue la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad Interna, aprobada rápidamente por el Parlamento. Esto sucedió ante el primer ataque del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) después de la asunción del nuevo Gobierno. A partir de la incursión de policías y militares en el norte hubo varias denuncias por violaciones y atropellos a las comunidades campesinas.
La Misión Observadora Internacional de DDHH observó un “grave retroceso” en esa materia. “La misión constató que, con el argumento de la persecución al enemigo interno (Ejército del Pueblo Paraguayo) desde el primer estado de excepción decretado en el 2010, el Estado ha profundizado sus prácticas represivas”, indica el informe preliminar que se dio a conocer.
Inclusive una comisión de DDHH del Gobierno fue atacada por el EPP en Tacuatí y un suboficial falleció. Hugo Samaniego, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior manifiesta que sobrevivió a la emboscada “gracias a Dios”.
Bajo la excusa de encontrar a los miembros del EPP, las fuerzas militares habrían incurrido en varias violaciones, como por ejemplo allanamientos en horas de la noche y sin decir por qué ingresan a una vivienda.
El abogado Roque Orrego, miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, explica que en Tacuatí hubo “incumplimientos propias de garantías” lo cual representa una violación de derechos. Según el letrado, el allanamiento “tiene qué decir qué se van a buscar en casa”. Esta situación la vivieron los campesinos de Tacuatí luego de los últimos ataques del grupo armado.
La investigadora Marielle Palau explica, por su parte, que “hay varias teorías que se manejan hace muchos años” y una de ellas es que el EPP es “perfectamente funcional al Gobierno”. “Lo que van haciendo es atemorizar a la población y a niños con la intención de que cesen las luchas por la tierra y contra el modelo de fumigación sojero”, añade.
Otra opinión, la del sociólogo Ramón Fogel apunta a que en los primeros 100 días Cartes “consiguió poderes extraordinarios para reprimir” con la aprobación de la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad Interna. “El resultado es el crecimiento de la represión, maltrato, violaciones a DDHH que están siendo denunciados por organismos internacionales”, agrega.
Hasta el momento hay más denuncias de atropellos y violaciones de los DDHH que miembros del EPP capturados. En 80 días habían caído cuatro supuestos miembros y antes de los 100, cayó una un supuesto miembro más, Juana Bernal, vinculada al secuestro del fallecido ganadero, Luis Lindstron.
Roque Orrego indica que la MNP vio una predisposición por parte del Ministerio de Justicia y Trabajo y otras instancias del Ejecutivo para ser receptivos de las recomendaciones que ellos les dieron. Con respecto a los procedimientos, expresa que eso ocurre también porque “no pasa nada, ni los jueces, ni fiscales son sancionados”.
Represiones en la era Cartes.
11- 10- 2013. La primera represión del Gobierno de Cartes se dio en Laterza Cué, distrito de Mariscal López, Caaguazú, donde varias familias campesinas exigen la devolución de las tierras desde hace más de 40 años. Ocurrió durante un desalojo de más de 100 familias y que dejó cinco campesinos heridos, y seis mujeres retenidas. Las tierras están en litigio entre los campesinos y la firma Bioenergy.
Una pobladora denunció que mujeres y niños pasaron zozobra porque el procedimiento se dio a la salida de la escuela en el lugar. En ese sentido, Palau señala “lo absurdo” del proceder de la Policía siendo que en el lugar había una escuela.
La escuelita de la comunidad fue destrozada por los policías.
07-11-2013. En Tapiiracuai Loma, Capiibary, fueron desalojados cerca de 300 labriegos. Inclusive un video mostrado en el Senado evidenció que hubo disparos de agentes policiales frente a niños que caminaban por la zona, así como también la utilización de gases lacrimógenos.
De nuevo hubo casas demolidas y huertas destruidas.
17-11-2013. Otro caso que tiene que ver con los campesinos, pero no por la lucha al acceso a la tierra, es a la utilización de agrotóxicos en las plantaciones de soja, que para Fogel “es preocupante”.
Un grupo de campesinos se resistían a la fumigación de un sojal en la Colonia Maracaná, Curuguaty, bajo el argumento de que no respetaba las especificaciones técnicas para el trabajo, lo cual afectaba la salud de las familias. Finalmente los productores pidieron ayuda policial y el procedimiento terminó con 5 labriegos detenidos. El reporte policial informó que en el 4° encuadre, había troncos y palos con clavos que no permitió el pase de la patrullera.
Además unos 50 campesinos exigían la liberación de sus compañeros. Un suboficial, Mario Gamarra, fue herido en la cabeza con una cachiporra, mientras que dos campesinos fueron heridos con balas. El ministro del Interior, Francisco De Vargas, defendió la actuación de los agentes.
Roque Orrego considera que el comportamiento de este Gobierno es preocupante, pero recuerda que también pasó en el Gobierno de Federico Franco, Fernando Lugo y Nicanor Duarte Frutos. “Hay un comportamiento histórico de la policía, de abusos de poder”, agrega.
Por su parte, Samaniego de la Dirección de DDHH del Ministerio del Interior, explica que la policía responde a la orden judicial o fiscal. “A veces estamos presos de las órdenes emanadas por los jueces”, expresa. Según Samaniego verifican en cada procedimiento que no se hayan utilizado balas, y afirma que están en contra de todo tipo de violencia.
Fogel considera que en Paraguay se da lo “opuesto a la reforma agraria”. “Tenemos proyectos territoriales excluyentes que están siendo fuertemente respaldados por el Gobierno. Se habla de seguir aumentando la superficie de soja y cultivar la soja significa que van a seguir el proceso de expulsión de comunidades indígenas y campesinas”, manifiesta.
Mientras que Palau afirma “hay un nulo interés del Gobierno en la reforma agraria” y que “la intención (del Ejecutivo) es clara”. “Está apuntando a que todo el Paraguay sea un campo sojal”, asevera.
Además opina que con este modelo de agronegocio que apunta a la exportación “sin garantizar tierras para fortalecer el cultivo interno, llevan a que la brecha de desigualdad irá acrecentándose”.
Samaniego afirma que la Policía Nacional no tiene atribuciones para actuar fuera del margen de la ley. “La policía, ni nadie, tiene derecho a violar los derechos fundamentales de las personas”, cierra.
