Con indiscutible mayoría, hoy la Cámara de Diputados dará sanción al proyecto que modifica el Código Penal para aumentar penas a los hechos de invasión de inmuebles.
Las dos bancadas coloradas, que suman 43, también tendrán el apoyo de los tres de Patria Querida, además de algunos liberales, como el aliado cartista Édgar Ortiz, líder de la bancada llanista.
Un número menor de opositores, sobre todo liberales, están en contra del proyecto y advierten que podría generar un aumento de problemas sociales, por representar esta norma una forma de criminalizar la lucha por la tierra.
Para el cartista Walter Harms es correcto que se penalice con más fuerza este hecho porque atenta contra una garantía constitucional. Admitió que no es la solución, ya que la problemática de la tierra es más complicada y se observa en la migración de campesinos a los cinturones de pobreza de las ciudades, que lo hacen con frecuencia luego de vender sus propiedades y gastar todo ese dinero. “Es muy doloroso ver ingresar a parcelas mecanizadas que son el fruto de mucho tiempo de trabajo de gente que busca lucrar con la ilusión de quienes creen que es el camino para solucionar su problema”, apuntó.
El liberal Eusebio Alvarenga manifestó que en manos del Ministerio Público y de la Justicia está disponer de una ley así. “Sería un garrote peligroso a ser utilizado por los poderosos. Sabemos cómo actúan en Paraguay”, lamentó.
Indicó que solo se protege la propiedad privada, pero no se habla de las tierras públicas que fueron repartidas de forma irregular por las mismas instituciones encargadas, como IBR, que es antecesor de Indert, entre otros. “Los funcionarios del mismo Indert se dedican a dar títulos falsos. Un hecho sumamente grave, y con la sanción de esta ley, sin mirar desde una perspectiva social, no se puede hacer nada”, expresó.
Recordó que el 94% de las tierras cultivables del Paraguay están en manos de 13 personas aproximadamente y, el 6%, en manos de 280 familias, aproximadamente. Estas son menos de 50 hectáreas, y corresponden a labriegos que se dedican a la agricultura familiar campesina.
Para el diputado liberal Pastor Vera Bejarano, es una medida hipócrita. “Esta aplicación sin fundamentos criminológicos válidos se evidencia en la exposición de motivos y en ambas propuestas de modificación”, resaltó.
Indicó que es políticamente popular promover iniciativas de endurecimiento punitivo. “Por eso caemos en el populismo punitivo, que es creer y hacer creer que el incremento de las penas es la forma apropiada de enfrentar problemas sociales complejos”, subrayó.
