Los chats del diputado fallecido el año pasado en un cuestionado allanamiento de su vivienda involucran a jueces, fiscales y autoridades del Gobierno. Tras la presión del cartismo, a Orlando Arévalo no le quedó otra que renunciar, primeramente, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y luego a la propia Cámara de Diputados.
En el trámite no faltaron las lloraderas del oficialismo que por mucho menos y prácticamente sin argumentos expulsó a la senadora Kattya González, solo para demostrar que puede silenciar a la oposición.
Analizando el impacto, los colorados consideraron menos dañino sacrificar a uno de sus leales, al menos hasta que la memoria falle y Arévalo pueda resurgir en la arena política, una vieja práctica de los partidos tradicionales.
Su caso seguirá en el estrado judicial, pero antes de abrirse una investigación en su contra, fue él quien primeramente accionó contra el juez Osmar Legal, por supuesto prevaricato. No es un dato menor que ambos respondan a la línea cartista y este caso significó una nueva grieta interna.
Anteriormente, Legal se desempeñaba como fiscal y de hecho fue muy cuestionado por la falta de avances en la investigación contra Horacio Cartes. Llamativamente meses después obtuvo el ascenso a juez. Podría decirse que fue premiado, al igual que Liliana Alcaraz.
La ex agente tampoco se animó a imputar al ex presidente de la República en el caso Darío Messer y coincidentemente después fue nombrada ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Ella también aparece en los chats de Lalo junto a su hermano Marco, ex fiscal adjunto de Amambay y actual ministro de Inteligencia.
Gabinete corrupto. Luego de permanecer en silencio durante dos semanas, el mandatario convocó a una cumbre de poderes e instaló el Consejo Nacional Anticorrupción como cortina de humo en medio de críticas por la superposición de funciones entre entes ya existentes que tienen el rol de intervenir y restablecer la institucionalidad. El presidente no permitió preguntas a la prensa y abogó para que todo el peso de la ley caiga sobre quienes hayan violado el orden jurídico, pero sus ministros siguen aferrados a sus cargos y Peña sigue perdiendo credibilidad.
Los trolls cartistas no tardaron en aparecer para intentar desacreditar la labor periodística y en sus publicaciones muchas veces se leen amenazas entre líneas evidentemente firmadas por el cartismo. Es una preocupación porque el sector cuenta con todo el aparato estatal de rodillas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien debería actuar con independencia, tampoco da señales frente a la demanda de transparencia y justicia. No estuvo a la altura del caso Marcelo Pecci y a su paso solo deja el hedor de impunidad y entrega al partido de Gobierno. No es una novedad la manipulación del sistema de Justicia por parte del poder político, pero las evidencias cada vez son más tangibles, difíciles de negar a la sociedad y a la comunidad internacional, en un contexto en que la inseguridad jurídica e imagen del país inciden directamente en su economía.
En vano son los esfuerzos por alcanzar el grado de inversión vendiendo el potencial del país, cuando la institucionalidad se destartala. Las calificadoras de riesgo no solo observan los niveles de inflación y estabilidad macro, tienen en cuenta además la seguridad jurídica y hasta la solidez de la democracia de un país.
Para quienes aún tenían esperanzas en la figura técnica de Peña, esta crisis fue otra oportunidad para desprenderse de las prácticas políticas más nefastas, pero solo demostró que su sometimiento es incondicional.
