El gobernador de Central, Hugo Javier González, hizo su descargo ante la Auditoría del Poder Ejecutivo, donde deslindó toda su responsabilidad y se ratificó en que no hubo manejo irregular con los G. 6.382 millones entregados en la emergencia durante la pandemia.
Aseguró que no se pudieron identificar documentos de contenidos falsos y que tampoco hay inconsistencias tributarias, contables ni administrativas.
Hugo Javier transfirió G. 5.105 millones a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). En su descargo, defendió a la organización y expuso un llamativo argumento señalando que “personas innominadas presentaron una información falsa a nombre de la CIAP en la Gobernación”.
Auditoría detectó irregularidades con facturas reemplazadas en la rendición de cuentas por G. 1.610 millones. Además, hay facturas al contado con fechas anteriores a la expedición y efectivización de los cheques.
También hay gastos irregulares del fondo destinado al proyecto de construcción y mantenimiento de espacios públicos por G. 1.350 millones. En el informe de la Gobernación, apunta que la Fundación CIAP desconoce la presentación y el contenido de la documentación de dicha rendición ante la institución.
“No existen gastos irregulares del fondo destinado al proyecto referido por G. 1.350 millones debido a que carecen de validez en razón de todo lo mencionado y en razón a que no guardan relación con la rendición de cuentas de los fondos transferidos”, refiere.
ERROR INVOLUNTARIO. La Auditoría cuestionó otras obras ejecutadas con el dinero destinado a la emergencia por el Covid-19.
“Por error involuntario se omitió la fecha de emisión en los presupuestos presentados por los contratistas, en el cuadro comparativo de precios y en el certificado de obra”, expuso el informe de Hugo Javier ante el Ejecutivo.
La Gobernación de Central alega que en las rendiciones presentadas por las entidades beneficiarias obran las facturas legales de las compras, como así también los bienes adquiridos en los lugares donde han sido donados.
“La inconsistencia no es sinónimo de ilegalidad, y las transferencias realizadas se encuentran dentro del marco de la legalidad. Incluso se han adquirido los bienes a un costo inferior al precio de mercado”, refiere el documento de descargo.
SILENCIO. Mientras la Auditoría del Ejecutivo apura al gobernador Hugo Javier, el Ministerio Público se llamó a silencio y no avanza en su investigación sobre el dirigente político protegido por el cartismo.
La Subsecretaría de Estado de Tributación había presentado denuncia penal contra el gobernador por la presentación de facturas clonadas.
