El gobernador de Central, Hugo Javier González, dijo ayer a los medios de prensa que “jamás va a renunciar a su cargo”, pese a la imputación que tiene por presunta lesión de confianza y otros hechos por el uso de fondos para el Covid.
Ayer debía realizarse la audiencia de imposición de medidas cautelares, pero fue suspendida debido a que no hay un juez designado en la causa. Debe ser definido por el Tribunal de Apelación Penal.
El gobernador llegó temprano junto con su abogado Andrés Casati, ante el Juzgado de José Delmás. Ahí le informaron lo que ya sabía, que la audiencia no se haría porque no había juez. De esta manera, se labró un acta y se retiró.
Hugo Javier González refirió también a la prensa: “Vamos a seguir todos los pasos que diga la Justicia. Yo estoy dispuesto a seguir todo lo que disponga la Justicia. Jamás voy a renunciar”.
El gobernador del Departamento Central afirmó también que toda persona es “inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Agregó: “Hasta que salga la decisión final el derecho constitucional que tiene el ciudadano paraguayo es la presunción de inocencia”.
Explicó también que cualquier pregunta sobre el proceso se lo dejaba a su abogado, Andrés Casati. Con ello, no respondió las consultas sobre las denuncias de irregularidades por el uso de recursos públicos para “obras fantasmas”.
LA CAUSA. Hugo Javier González está imputado con otras 14 personas por hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Luis Said le habían imputado por los citados delitos porque supuestamente el gobernador, el 29 de diciembre de 2020, habría autorizado por dos resoluciones, desembolsos de dinero para ejecución de obras, para la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), con financiamiento de los Fondos para la Reactivación Económica a causa de la emergencia sanitaria.
En total, fueron más de 6 mil millones de guaraníes, los que fueron destinados para dos proyectos, conforme con la imputación fiscal.
El juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás, admitió la imputación, y citó para el 10 y el 11 de noviembre a los 15 procesados para la imposición de medidas cautelares.
No obstante, Hugo Javier González presentó como abogado a Andrés Casati, con quien el juez tiene motivos de inhibición. El magistrado se separó y el caso pasó a su colega Humberto Otazú, que impugnó su inhibición.
Ahora, el Tribunal de Apelación Penal debe resolver qué juez atenderá el caso. Paralelamente, la defensa del gobernador ya pidió anular la imputación fiscal.
Recusaron a tres fiscales del caso
La defensa del procesado en la causa de la Gobernación, Paulino Dos Santos, a través de su abogado José Dos Santos, recusó a los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y la fiscala Adjunta Soledad Machuca, por presunta falta de objetividad en la causa. Con ello, en forma interina, nombraron como fiscal de la causa a Diego Arzamendia, mientras se sustancia la recusación. Según dicen, existe una total falta de objetividad y de criterio al presentar la recusación a los fiscales.