En inmediaciones de la sede de la Fiscalía lo esperaba un grupo de ciudadanos que lo recibieron y despidieron en medio de escraches.
Durante la diligencia, el gobernador del Departamento Central decidió no declarar y señaló que su decisión obedece a que desea presentar y acceder a más documentos sobre la causa.
“Se ha verificado, documentado y presentado todo. Me abstuve a modo de presentar más documentos. Para finiquitar la causa necesitamos más documentos; estamos abiertos a lo que diga la ley”, dijo el político colorado mientras abandonaba la sede fiscal.
“No hay pagos por obras fantasmas, tampoco falsa facturación ni doble facturación”, remarcó el gobernador de Central tratando de minimizar la acusación en su contra.
Por su parte, el abogado Andrés Casati explicó que hay documentaciones e inspecciones técnicas en proceso, por lo que sugirió a su cliente que no dé declaraciones por el momento.
“Vamos a acompañar las inspecciones a los efectos de colaborar para que esta situación se aclare lo antes posible. Esta causa es más mediática que jurídica y estamos en etapa incipiente. Él goza de una presunción y los medios ya lo están condenando”, dijo el abogado.
Al ser consultado sobre el dinero destinado a las oenegés, Hugo Javier aseguró que esto “no está prohibido por ley, por lo que es legal”. “Era para reactivación económica”, agregó.
En total la Gobernación había recibido USD 1 millón para de los fondos Covid.
En este caso, el político está procesado por los delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por las supuestas obras fantasmas de la Gobernación reveladas por los concejales.
Imputados. En el caso, la Fiscalía imputó el 1 de noviembre de 2021 al gobernador Hugo Javier y a otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Además del gobernador, también fueron procesados Javier Rojas Giménez, director de Administración y Finanzas de la Gobernación; Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación CIAP; Paulino Palacios Recalde, tesorero de la citada organización, y Nicolás Emanuel Álvarez Doria, síndico de CIAP.
Asimismo, fueron imputados Lourdes Lezcano Decoud, secretaria general de la Gobernación; Armando Soler Espínola, secretario de Obras Públicas, y Luis Allende Araújo, ex jefe de Tesorería.
Otros encausados son Édgar Zaracho Quintana, asesor jurídico de la Gobernación; Guido Portillo Torres, jefe del Departamento de Presupuesto; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de Administración y Finanzas; y Adalberto Benítez Aguilera, ex jefe de Fiscalización de Obras.
