José María Ibáñez manifestó este miércoles durante su alegato de defensa que dio en la Cámara de Diputados que no se le puede juzgar dos veces por un mismo hecho, durante el debate sobre su pérdida de investidura por el caso de los caseros de oro.
Indicó que ya en diciembre del 2013 llegó el pedido de desafuero por el proceso que tuvo con la Justicia y él mismo tuvo que pedir que se lo concedan. Finalmente, la Fiscalía lo investigó, lo imputó y lo procesó; pero su defensa planteó una suspensión condicional del proceso luego de que admitiera que ocurrieron los hechos.
El diputado colorado afirmó que no se discutió la culpabilidad, sino la reparación del daño. En ese sentido, sostuvo que no hubo condena; por lo tanto, él no fue culpable. Acusó que se quiso “instalar una patraña” con respecto a la suspensión condicional ya que él nunca admitió el ilícito.
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Al no ser encontrado culpable no se le puede quitar la investidura por ley. Para lograrlo, la Constitución Nacional establece que un legislador debe ser encontrado culpable o haberse comprobado el uso indebido de influencias.
Por ese segundo punto, alegó que el tráfico de influencias no se comprobó.
Ibáñez también criticó la actitud de algunos sectores con respecto a la suspensión condicional. “Esta actitud de descalificar la salida es un acto de hipocresía mediática y cinismo político”, añadió.
Recordó que su colega Rocío Casco tuvo un caso cuando era fiscala, desde el Ministerio Público plantearon la suspensión debido a unos acusados de cobrar un monto mucho más elevado que los caseros del parlamentario colorado. En el caso de Ibáñez, el daño patrimonial fue de G. 30 millones.
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Además aseguró que ya fue condenado moral y éticamente por la sociedad. Sin embargo, fue la voluntad y la soberanía popular las que nuevamente le depositaron el voto de confianza para que tenga su escaño en la Cámara Baja (aunque Ibáñez ingresó por la lista sábana).
Por tal motivo, Ibáñez recordó que no se puede juzgar a una persona por un mismo hecho y el suyo fue durante el período legislativo anterior. Por lo tanto, en este período no puede ser juzgado por sus colegas.
“No es con esta legislatura que se debe juzgar mi conducta moral o ética, porque sucedió en la gestión anterior; de lo contrario, vamos a constituir una cámara revisora en una especie de inquisición moderna, una cacería de brujas”, señaló.