Como protección a algunos poseedores de inmuebles y sin contemplar las ocupaciones ilegales adjudicadas al Partido Colorado en Asunción ni las tierras malhabidas en gran parte del país, fue sancionado en la Cámara de Diputados ayer el proyecto de ley que modifica el Código Penal para aplicar penas más altas, de hasta 10 años, y convertir de ese modo en crimen las invasiones de propiedades.
La aprobación fue fugaz, con dictamen apurado de una sola comisión y sin audiencias públicas. Votaron a favor 49 diputados, entre ellos cinco liberales y los tres del Partido Patria Querida (PPQ). Llamativamente, dieron su voto en contra Roberto González, de Colorado Añetete, y Hugo Ramírez, colorado independiente. Se retiraron antes de la votación 27 legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Encuentro Nacional (PEN) y de Hagamos (PPH), aunque estos últimos no sentaron postura.
El liberal Emilio Pavón advirtió que no están dadas las condiciones sociales ni económicas para sostener la ley, ya que muchos denunciantes no cuentan siquiera con título. Además, de que los expedientes en el Indert quedan sin resolución.
El también liberal Pastor Vera Bejarano calificó al proyecto de populista e hipócrita, que no resuelve la problemática de fondo de la distribución desigual de la tierra. “No estamos viendo la cuestión de fondo, de legalidad, de títulos, el informe de tierras malhabidas, siete millones de hectáreas que se entregaron de forma arbitraria y vergonzosa en época de Stroessner. Vamos a institucionalizar la criminalización de la lucha por la tierra y mandar al campesino a la cárcel sin apoyo del Estado. Que la solución sea la intervención de instituciones, no aumentar la pena”, exclamó.
Igualmente, el liberal Eusebio Alvarenga señaló que la corrupción en torno a las tierras viene de las mismas instituciones.
Aunque las bancadas coloradas quisieron llevar la discusión hacia la defensa de la propiedad privada, que ya está contemplada en la Constitución, el liberal Édgar Acosta aclaró que ese hecho ya está penado y que no se cuenta con un estudio que revele que aumentando penas acaban las invasiones, e indicó que las denuncias de ocupaciones son cajoneadas por la Fiscalía.
El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, dijo que los indígenas son manipulados por sectores de la izquierda.
El liberal Celso Kennedy apuntó que la ley tiene un objetivo político.
Norma Camacho, del PEN, afirmó que fue la clase política la que invadió las tierras y que antes que la propiedad privada, está el derecho a la vida y la dignidad. Lamentó que no se haya escuchado el pedido de diálogo de la Pastoral Social. Insistió en que son la Fiscalía y el Poder Judicial los que deben funcionar y añadió que antes que aumentar penas se deben garantizar créditos y atender la migración del campo a la ciudad.
Sebastián Villarejo, del PPQ, aseguró que hay una mafia de invasiones y pidió a la ANR coherencia hacia las ocupaciones de plazas por parte de seccionales.
La diputada Kattya González, del PEN, alertó que se quiere instalar un falso debate jurídico cuando la maniobra es avanzar hacia el blanqueo de los poderosos. Indicó que en los últimos cuatro años se dieron 930 denuncias de invasiones, pero solo pocos se judicializaron y ninguna tuvo condena; por tanto, el problema no es la pena, sino la impunidad. “Estamos propiciando un estallido social”, agregó.
El liberal Rodrigo Blanco advirtió de una desproporcionalidad en el Código Penal, donde la invasión tendrá más pena que otros hechos más graves. “Los discursos de colorados nos quieren hacer creer que ellos son defensores de la propiedad privada. Tenemos casi una desigualdad perfecta”, subrayó.
10 años será la pena máxima para las invasiones en caso de que el Ejecutivo promulgue la ley sancionada.
