Imedic
La jueza Lici Sánchez levantó la rebeldía y decretó el arresto domiciliario para Patricia Ferreira y Nidia Godoy, directivas de la proveedora de insumos médicos Imedic SA. Ambas están procesadas por presuntamente introducir al país de forma ilegal medicamentos de India y China.
El abogado Andrés Casati criticó la dura sanción que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) impuso a la empresa Insumos Médicos tras la fallida compra de equipos sanitarios. La firma no podrá participar en licitaciones durante 30 meses.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas decidió suspender por 30 meses a las firmas Imedic SA y Eurotec SA, en el marco del sumario abierto por incumplimiento de contrato y mala fe en la presentación de ofertas, además de productos que carecían de calidad técnica.
La jueza Lici Sánchez declaró la rebeldía y ordenó la captura de la titular de Insumos Médicos SA, Patricia Ferreira, y de la directora, Nidia Godoy, en el marco de la causa que investiga el ingreso irregular de medicamentos procedentes de India.
El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, informó este martes que la institución culminará esta semana el sumario administrativo que se inició a las empresas Imedic SA y Eurotec SA por las compras realizadas en el marco de la pandemia del Covid-19.
La jueza Lici Sánchez se inhibió del caso Imedic SA por animadversión contra el fiscal Marcelo Pecci. La causa está relacionada con el ingreso de medicamentos al país desde un origen no autorizado por el Ministerio de Salud.
La diputada Rocío Vallejo dijo este martes que pese a que la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC) anunciara que no se detectaron pérdidas, ni daño patrimonial en las compras realizadas por Salud Pública, el hecho punible de estafa no desaparece.
El representante legal de Imedic SA señaló este martes que no se reúnen los presupuestos para hablar de una tentativa de estafa en el marco de la entrega de los insumos médicos chinos, adquiridas por el Ministerio de Salud por la emergencia Covid-19.
Los diputados que realizaron las denuncias por presuntos hechos de corrupción relacionada a la compra de insumos y equipos médicos por instituciones como Dinac, Petropar y Salud, urgieron a la fiscala general del Estado que informe sobre el avance de las investigaciones.
La Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles la recusación planteada por la defensa de Patricia Ferreira, directora de Insumos Médicos SA (Imedic), contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras (CESC) dio su acuerdo al Ministerio de Salud para el inicio de seis procesos de compra de insumos y equipos médicos que serán transmitidos en vivo, en el marco de la lucha contra el coronavirus (Covid-19).
El despachante de aduanas Néstor Ramírez, imputado por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal en el caso conocido como Imedic, fue beneficiado con arresto domiciliario.
La defensa de Patricia Ferreira, directora de Insumos Médicos SA (Imedic), recusó a la fiscala general del Estado y a 16 fiscales adjuntos. Además, impugnó la confirmación del fiscal Marcelo Pecci en la causa en la que está imputada y con orden de detención. Fiscalía advierte que se busca paralizar la investigación.
La Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (Amips) manifestó su condena a los casos de corrupción que involucran a altos funcionarios de instituciones del Estado, que salieron a la luz durante la pandemia del Covid-19, y pide a la Fiscalía seriedad en la investigación.
La jueza Lici Sánchez decretó este viernes la prisión preventiva del despachante de aduanas que habría permitido el ingreso de medicamentos falsificados de la empresa Insumos Médicos SA (Imedic SA).
Los abogados de Patricia Ferreira, presidenta de la firma Insumos Médicos SA (Imedic SA), en el marco de las investigaciones por facturas falsas, volvieron a recusar este miércoles al fiscal del caso, Marcelo Pecci, alegando falta objetividad en el proceso.
Según la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) hay suficiente evidencia para justificar la suspensión de la firma, a fin de precautelar la seguridad de la ciudadanía mientras sigue auditoría.