Desde noviembre del año pasado, Colombia ha puesto en marcha el impuesto selectivo para las bebidas azucaradas y comidas ultraprocesadas.
Según los datos de la OPS, más de una veintena de países en América Latina y el Caribe aplican este gravamen, conocido como impuesto saludable, a dichos productos.
En Paraguay también ha sido planteado este tipo de impuesto. La senadora por el Frente Guasu y ex ministra de Salud, Esperanza Martínez, cuenta que en su momento llevaron una propuesta similar al Parlamento en el periodo pasado.
“Creo que fue en el 2020 la última de las tres veces que ya habíamos presentado. Lo habíamos planteado porque había llegado la pandemia y necesitábamos más recursos para salud. Nunca tuvimos los votos necesarios para la aprobación”, recuerda Martínez.
El diputado Adrián Billy Vaesken, del PLRA, tenía la intención de presentar un anteproyecto de ley con el mismo tenor de la senadora.
Sin embargo, terminó desistiendo de la idea. “Cuando escuchamos que el presidente Santiago Peña había dicho que no aumentaría los impuestos, lo descartamos. A ello le sumamos que la mayoría actual en el Congreso ya había dicho que no al aumento del impuesto al tabaco”, puntualiza Vaesken.
Lobby. La representante del Frente Guasu señala que los votos en contra de estas iniciativas tienen un componente fuerte: el lobby de la industria de estos productos.
Recuerda que en uno de los proyectos que había presentado, hubo una fuerte presión de dicho sector.
“La industria hizo un lobby para modificar algunas cosas del proyecto de ley que, en realidad, lo volvía tonto. Se nos bajaron unos parámetros que no le daban valor a la ley”.
A raíz de esa situación, dice, tuvo fuertes discusiones con sus colegas parlamentarios, en la Cámara Alta.
“Lo más gracioso de todo es que las modificaciones que se produjeron en la Cámara de Senadores usó el Poder Ejecutivo para vetar la ley. Pero eso empezaba mal. Más rabia todavía me dio porque en realidad hicieron a propósito. Para que tuviera cero valor, digamos. Y entonces por eso el Ejecutivo vetó”.
La legisladora puntualiza que la defensa de los intereses de las corporaciones alimenticias no ocurre solo en Paraguay, también en otros países del continente.
Otro ejemplo que da es sobre la ley de etiquetados de alimentos, en la que hasta ahora el sector empresarial busca imponer sus criterios.
“Cuesta mucho implementar lo que tiene que ver con las etiquetas para clasificar los alimentos. Todo eso cada vez se hace más difícil porque lo que se quiere es un consumo sin información”.
La senadora cree que los proyectos que habían presentado aún pueden estar en las comisiones del Senado. No descarta la posibilidad de volver a presentarlos en este periodo legislativo. Sin embargo, habría que ver si hay votos necesarios.
Aplanadora. La fuerza de la industria unida al poder político que tiene el poder no duda en imponer sus criterios corporativos sin dudar.
El diputado Vaesken menciona lo que ocurrió recientemente con el intento de aumentar el impuesto al tabaco, para financiar el tratamiento de pacientes oncológicos. Una rotunda derrota de la propuesta.
El diputado liberal especifica que subir el gravamen no afecta a la ganancia del empresario. Sí, tiene como impacto positivo reducir el consumo de los productos.
“Cuando se consumen menos bebidas azucaradas, alimentos procesados, tabaco y alcohol, mejora la salud de la población”.
Vaesken llevará al Parlamento un nuevo proyecto la próxima semana: que los seguros privados y el IPS brinden un aporte, a través de la ley, para contar con un fondo para medicamentos.
Ambos legisladores han coincidido en que este gravamen puede reducir el problema de la obesidad y otros problemas asociados al consumo de dichos productos. A ello se suma el acceso al tabaco de los más jóvenes en el país.
Propuesta del proyecto de ley presentada en 2020
La senadora Esperanza Martínez, junto a otros legisladores de la Cámara Alta del Frente Guasu, había presentado en abril del 2020 el proyecto de ley “que aumenta el impuesto a las bebidas alcohólicas y las bebidas azucaradas, y modifica el artículo 116 de la Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional.
Los impuestos selectivos al consumo (ISC) están establecidos conforme a los siguientes porcentajes máximos: 5%, 6%, 9%, 10% y 12%.
El proyecto de ley proponía mantener las cinco categorías de ISC, pero aplicadas a las bebidas según el grado de alcohol: a mayor grado de alcohol, mayor porcentaje; a menor grado de alcohol y azúcar o sin azúcar, menor porcentaje.
Las medidas fiscales sobre las bebidas con alcohol y azucaradas contribuyen al control de enfermedades crónicas no transmisibles y a recaudar más recursos para la salud. Estas medidas fiscales serán más efectivas con la sinergia de otras acciones de salud pública”, subrayaban.
