El proyecto que regula la minería y la comercialización de criptoactivos aprobado originalmente en el Senado y luego con modificaciones en Diputados causa gran preocupación entre entidades financieras y de control por su riesgo en actividades de lavado de dinero, evasión de impuestos y hasta financiamiento del terrorismo, por su característica anónima.
Igualmente, un grupo de legisladores impulsan su aprobación, alegando, entre otras cosas, que la actividad seguirá de forma clandestina si la ley no entra en vigencia.
Los proyectistas son los senadores Fernando Silva Facetti, liberal, y Antonio Apuril, de Hagamos, además del ex senador liberal Bartolomé Ramírez. En Diputados impulsan el proyecto un grupo de liberales, de Patria Querida y Hagamos. Tuvo una tibia oposición de la bancada de Honor Colorado.
Entre las entidades que alertaron sobre este problema se encuentra el Banco Central del Paraguay (BCP), que insistió en que los criptoactivos son anónimos y dificultan la lucha contra el lavado de dinero.
“Una fuente importante de riesgos de este tipo de activos se deriva de las características de las entidades que intermedian o custodian los criptoactivos. Estas entidades pueden encontrarse constituidas en cualquier jurisdicción (dentro o fuera del país), por lo que el alcance de las medidas de mitigación de riesgo operacional y ciberseguridad es muy difícil de conocer y evaluar. Esta naturaleza anónima de los criptoactivos puede utilizarse para blanquear dinero ilícito, financiar el terrorismo y evadir impuestos. Esto podría representar riesgos para el sistema financiero de un país, el equilibrio fiscal y las relaciones con países extranjeros y bancos corresponsales. Es importante tener en cuenta que, a nivel internacional, se han presentado varios casos de robo de criptoactivos desde entidades encargadas de su custodia, lo que ha resultado en pérdida total para los clientes”, manifiesta el dictamen.
El BCP recordó que el Paraguay está en la mira de Gafilat, y este proyecto podría ser desfavorable en su evaluación.
Del mismo modo, se mostraron preocupados por la demanda elevada de energía de esta actividad.
“No queda claro que los beneficios que recibiría el país por reglamentar este tipo de actividad compensen los costos en términos de consumo de electricidad, pérdida de reputación y costos para el sistema financiero, los cuales serían significativos. Por ello, entendemos que no existen suficientes argumentos para que se incentive el desarrollo de esta actividad”, finalizó.
También el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se pronunció en contra del proyecto por el exceso de consumo de energía que representa, en coincidencia con el BCP. “Tengo a bien manifestar que no acompañamos la iniciativa legislativa, considerando que las actividades, objeto del proyecto de ley, generan un bajo impacto en la creación de empleos con relación al nivel de consumo energético que requieren, siendo además proclive a posibles escenarios de incertidumbre y volatilidad, al no estar reguladas por el Banco Central del Paraguay. Dichas características se contraponen a la actual política industrial del país, así como con determinados elementos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Para mayores detalles de la posición institucional, se remite adjunto informe de las áreas técnicas”, detalla el informe.
Por su parte, la Asociación Paraguaya de Blockchain pidió su rechazo total, por representar el proyecto al interés de un solo sector.
“Aprovechando esta coyuntura global generada desde el continente asiático, el lobby de algunas de las empresas de minería paraguayas, en coordinación con empresas de minería extranjera, que en la actualidad están operando en nuestro país, plantean diversos proyectos de ley que buscan resolver al menos dos problemas: a) legalizar las operaciones bancarias provenientes de las criptomonedas, y b) alcanzar el estatus de industria para adquirir diversas excepciones y privilegios fiscales, pero por sobre todo conseguir precios preferenciales de la energía limpia que se tiene en el país; es decir, los proyectos de ley a los que accedimos buscan paliar problemas sectoriales, sin encarar los problemas que tiene la población en general en el uso de estas tecnologías”, expresa.
El diputado Miguel Tadeo Rojas, de Honor Colorado, como presidente de la Comisión de Presupuesto, recomendó el rechazo del proyecto.
En su defensa, el diputado Carlos Rejala, de Hagamos, desmeritó los informes de los entes estatales alegando que no están en línea con la economía del futuro. Indicó que es necesario transparentar la actividad.
“Nuestro objetivo es legalizar los activos virtuales tomando en consideración todos los riesgos asociados a la industria. Adicionalmente, regular y supervisar toda entidad que comercialice y mine criptomonedas como actividad principal. La clave es regular algo que está en gris en nuestro país”, apuntó Rejala.
El objetivo es legalizar los activos virtuales considerando todos los riesgos asociados a la industria. Carlos Rejala, diputado de Hagamos.
Hay que derribar mitos, como la trazabilidad, esto es todo, menos anónimo. La tecnología permite la trazabilidad. Sebastián García, diputado del PPQ.
Reconocemos que es algo que existe, pero es peligroso, sobre todo la moneda, por su extrema volatilidad. Justo Zacarías, diputado de la ANR.
