08 abr. 2025

Impunidad alienta crecimiento de la industria del sicariato

Con 28 víctimas, solamente en un mes, la industria del sicariato se ha vuelto cotidiana. El último suceso, la ejecución de un vendedor, mientras manejaba su automóvil, se convirtió en otro atentado más cometido por asesinos por encargo en Asunción. La situación se ve descontrolada, pues no solamente los hechos parecen normalizados, sino que demuestra la impotencia y la inacción de las autoridades. Queda claro que no solamente la impunidad sino la complicidad alientan el crecimiento de esta funesta industria.

Hasta el momento, la principal hipótesis que manejan las autoridades que investigan, lo que ya es el décimo caso de asesinato por encargo en el mes, es que la víctima durante algún tiempo explotó una cantina en el interior del penal de Tacumbú, donde estuvo recluido y donde habría tenido un conflicto con miembros del clan Rotela.

La víctima era vendedor de quesos, pescados y miel de abejas, y fue ejecutado a tiros mientras manejaba su automóvil; es oriunda de Pedro Juan Caballero y hace 20 años reside en Asunción. Cumplió una condena por homicidio doloso hace 10 años y abandonó la cárcel por buena conducta.

Este último atentado se produjo en plena mañana en un populoso barrio, a tan solo cuatro cuadras de la Comisaría 4ª Metropolitana y del Departamento de Antisecuestro de la Policía. El hecho quedó grabado por las cámaras de un circuito cerrado, el que muestra a una moto con dos hombres a bordo realizando los disparos.

Respecto a las acciones del crimen organizado, cuyas acciones se han extendido a todas las zonas del país, queda en evidencia que el escaso temor de los narcotraficantes para realizar sus acciones violentas en espacios masivos se debería a dos posibles causas, según teorizan los expertos: por un lado está la tolerancia social, y por otro, una potencial filtración institucional que permite la impunidad de los actos de los mafiosos. De todo esto queda una terrible presunción de que el narcotráfico puede seguir ganando espacios, si las autoridades no emprenden un combate integral.

El sicario es un personaje popularizado en Colombia particularmente en los 80, cuando el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria reclutó un verdadero ejército de jóvenes de barriadas pobres, a quienes adoctrinó como asesinos para ajusticiar a sus enemigos. Los sicarios colombianos operaban a bordo de motocicletas e iban protegidos por cascos y su figura se volvió conocida por series de televisión y streaming, así como también por el cine.

En nuestro país los ajusticiamientos a manos de sicarios eran conocidos como ajustes de cuentas entre miembros de bandas de narcotraficantes, y la zona donde esos hechos sucedían se limitaba a ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Bella Vista Norte, Ypehú, Ygatimí, Salto del Guairá y Ciudad del Este.

Tristemente también se han vuelto conocidos por los asesinatos de periodistas, iniciando por Santiago Leguizamón, quien fue el primer periodista víctima del crimen organizado en la frontera, hace ya 31 años, y otros como Pablo Medina, Salvador Medina, Calixto Mendoza, Benito Ramón Jara, Samuel Román, entre otros.

Desde hace varios años los casos de sicariato se han extendido a otras zonas del territorio nacional, incluyendo a la capital y ciudades del área metropolitana. De acuerdo con Jorge Rolón Luna y Juan Martens, especialistas en criminología, las estadísticas muestran que la industria del sicariato sigue en crecimiento, y se estima que el aumento global sería del 30 por ciento; y los más frecuentes son hechos de sicariato vinculados al tráfico de drogas.

Lo más preocupante de la actual situación es precisamente lo que enfatizan los expertos, la creciente normalización de la violencia extrema, y asimismo la normalización de que la vida tiene un precio. Todo eso se genera sin dudas desde una ausencia del Estado, de una falla y de una notable debilidad institucional. Y precisamente la impunidad aumenta y se extiende, por complicidad directa o por temor. Las autoridades deben actuar ya, el ministro del Interior, el comandante de la Policía Nacional, la Justicia y la Fiscalía deben mostrar resultados concretos.