Las escasas y bajas condenas en los numerosos casos de corrupción pública que se dieron durante la pandemia del Covid-19 resultan una realidad dolorosa y significan un verdadero peligro para el sistema democrático del país. El hecho de que la Justicia esté en deuda implica un extendido mecanismo que está favoreciendo la impunidad tanto de funcionarios públicos, autoridades como personas del sector privado que intentaron obtener beneficios en medio de una las situaciones más complejas que hemos vivido en este siglo.
En el Paraguay se han dado muy pocas condenas en los casos de corrupción durante la pandemia del Covid-19. En un sucinto y vergonzoso resumen se puede mencionar el caso de la firma Insumos Médicos SA, por las camas hospitalarias, en el que solamente Justo Ferreira tuvo una condena a tres años de cárcel, mientras que otros tres procesados fueron absueltos. En otro, el que fuera conocido mediáticamente como el del “agua tónica”, hubo dos condenados: Patricia Samudio, y su esposo, José Costa Perdomo.
Esta se podría considerar como la única victoria de la Fiscalía. Patricia Samudio, ex presidenta de Petropar, recibió una condena de cuatro años de cárcel y su esposo, José Costa Perdomo, 3 años y 9 meses de encierro, por lesión de confianza. Según la conclusión a la que llegaron los jueces es que ambos fueron responsables por un perjuicio de G. 346 millones. El daño patrimonial se dio con la compra de agua tónica y otros insumos en plena pandemia, con el supuesto objetivo de mitigar la propagación del Covid, sin sustento técnico alguno; el dinero fue utilizado para cancelar una deuda contraída por el esposo de la funcionaria, según los jueces.
No obstante, la única victoria se ve empañada del todo debido al proceder de nuestra Justicia en otro sonado caso, el denominado de los tapabocas de oro. Hace muy pocas semanas, el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, sobreseyó a cinco personas.
El ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo Ginard, junto a otros cuatro procesados obtuvieron el sobreseimiento definitivo. Se trata de Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Rubén Ovelar, Fernando José Gallardo y Luz María Chamorro Báez. La decisión se tomó porque la Fiscalía cambió los hechos imputados en la acusación presentada, debido a que no se dio la oportunidad a los procesados para prestar declaración indagatoria. En resumen, este sobreseimiento se dio por errores de la Fiscalía, precisamente la institución encargada, según la Constitución Nacional, de promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses.
El daño patrimonial del caso de los tapabocas de oro ascendería a G. 119.960.000 por la compra sobrefacturada de tapabocas para funcionarios durante la pandemia. No obstante, esa cifra no representa el verdadero daño que le han infringido al Estado de derecho. Édgar Melgarejo, el ex titular de la Dinac, renunció ante las denuncias y ante la imputación, pero ha quedado libre en un sonado caso de corrupción pública. El ex funcionario incluso fue declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos.
Todas estas situaciones, sumadas a otros casos que siguen a un ritmo muy lento en nuestra Justicia, describen la realidad de nuestro sistema caracterizado por la impunidad para algunos que son una minoría, pero duras penas y castigos para la mayoría que no es favorecida por Astrea. Como afirmaba el obispo salvadoreño Arnulfo Romero: “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos”. Es precisamente el caso de funcionarios con acusaciones de presunta corrupción pública como el ex gobernador de Central, el de la Intendencia de Ciudad del Este y el caso conocido como detergentes de oro durante la administración del intendente asunceno, Óscar Nenecho Rodríguez, casos que se mueven con excesiva lentitud.
Los casos de corrupción en pandemia debieron haber sido juzgados con eficacia y rapidez, ya que representan la peor imagen de personas encargadas de servir a la población y que aprovecharon su posición para beneficiar a sectores políticos y económicos, mientras la población clamaba por insumos, medicamentos y perdía sus empleos.
