Esta semana, la difusión del video donde se ve al interno Milciades Pedra, alias Oso Riquillo, festejando su cumpleaños con un show musical en la cárcel de Tacumbú, puso en foco de nuevo el endémico mal de la corrupción tras las rejas.
Para Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), este es un tema de política que requiere sanear el Ministerio de Justicia de funcionarios con oscuros antecedentes para erradicar este problema.
En su opinión, los actuales directores generales y otras personas que ocupan cargos no son aptas para estar al frente de los mismos.
“Mientras no se le ponga a gente técnica, esto va a seguir. Actualmente ingresan por recomendaciones políticas y no controlan las cárceles”, expresó Castillo.
El actual director general de Establecimientos Penitenciarios e interventor de la cárcel de Tacumbú, Julio Balbuena, es un conocido político del Partido Colorado en la zona de Coronel Oviedo.
Fue nombrado director general tras asumir como ministro Édgar Olmedo, el año pasado.
Otro de los cuestionados por las organizaciones de Derechos Humanos es Artemio Vera, otrora director general de cárceles, que fue destituido luego de ser descubierta la celda vip de Jarvis Pavão en Tacumbú, en el año 2015, pero que actualmente volvió al Ministerio de Justicia.
En la intervención que se realizó en la cárcel de Tacumbú, el pasado viernes, se le vio hablándoles a los agentes penitenciarios junto al ministro Daniel Benítez y otras autoridades.
ROTACIÓN. Orlando Castillo utilizó la analogía de las reglas del fútbol de salón para explicar que muchas de las autoridades, que son pilladas en hechos de corrupción, van rotando; desaparecen de la escena un tiempo, pero cuando se calman las aguas, vuelven a ocupar sus lugares.
En su opinión deben actuar otras instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial para evitar que queden impunes estos casos.
“Mientras no exista un sistema de control a funcionarios y persista la impunidad, esto se va a repetir”, señaló.
Para el experto, es de público conocimiento que existe un sistema para recaudar en las distintas penitenciarías del país y, mientras esto persista, este mecanismo de otorgar privilegios gozará de buena salud.
De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Justicia, en los 16 centros penitenciarios distribuidos en todo el país conviven 15.946 internos varones; 861 personas privadas de libertad femeninas y 185 adolescentes en conflicto con la ley. Casi el 70% no cuenta con condena y muchos de ellos sobreviven en condiciones infrahumanas.
El uso de los benditos teléfonos celulares
En los últimos días salieron a la luz publicaciones de personas privadas de libertad en redes sociales como Facebook, Tik Tok y otros. Uno de ellos, Santiago Martínez, interno del penal Padre Juan de la Vega, de Emboscada, subió un video donde hacia alusión, desde su celda en el penal, al clan Rotela, grupo criminal al que pertenece. Autoridades habían confirmado que no están en uso los inhibidores para señales de teléfono. Para Castillo, el teléfono se volvió una necesidad también para los reclusos, ya que les sirve para comunicarse con los defensores públicos o abogados particulares que los representan. Indicó que es necesaria la implementación de cabinas telefónicas controladas por las autoridades para estos casos.