La semana que está culminando es probablemente la más nefasta para la democracia en el Paraguay. El Parlamento, desde ambas cámaras ha decidido con prepotencia y alevosía aprobar en forma exprés un proyecto de ley que abriría los fondos jubilatorios y, enseguida, cegados como estaban en su desenfreno autoritario tomaron otras tres resoluciones absolutamente antidemocráticas.
El Poder Legislativo como es uno de los poderes del Estado, que además encarna la representación popular le falló a la ciudadanía, y puso en duda el mismo proceso democrático, pues callar la voz de las disidencias no es democracia, como tampoco es democracia ignorar la voz del pueblo que protesta en las calles. Los diputados y senadores, además, de legislar deben controlar; pero, sobre todo, deben representar la voluntad popular.
Es cierto que en las votaciones hubo cuórum, conformado en este caso por el sector cartista del Partido Colorado, a quienes se sumaron algunos pocos diputados opositores. El cierre del debate y la repetida negativa a escuchar las opiniones de la oposición son un claro mensaje autoritario.
En el Senado, una aplanadora de 29 colorados y sus amigos hicieron posible el salvataje del senador Hernán Rivas para que pueda de esta manera conservar su banca. Rivas, acusado de tener un título falso de abogado, significativamente y con un “ayuda memoria” negó las acusaciones, y regaló asimismo algunos pasajes que, sin duda, se convertirán en meme en las redes sociales, como cuando pidió que por Secretaría se lean “los informenes” (sic) del Ministerio de Educación.
Posteriormente al salvataje del colega, la aplanadora cartista en la Cámara Alta aprobó entre el paquete de leyes las modificaciones a la ley de conflicto de intereses, más conocida como puertas giratorias.
En este punto, aceptaron las modificaciones realizadas al proyecto de ley inicial y eliminaron artículos que establecían el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses. Esta ley quería –inicialmente– evitar que funcionarios que hayan tenido acceso a información sensible puedan pasar directamente al sector privado y luego pasen al sector público nuevamente a cumplir funciones.
La Cámara de Diputados tras aprobar en tan solamente 11 minutos el proyecto de la ley de superintendencia pasó a aprobar el proyecto de ley Que modifica el artículo 67 de la Ley N° 1160/97, del Código Penal, conocida como de devolución premiada.
El agregado al artículo 67 señala: “Cuando se trate de hechos punibles contra el erario, cometidos por funcionarios, la pena podrá ser atenuada hasta el 50% (cincuenta por ciento) del marco penal máximo, en caso de que la persona devuelva el dinero”. De esta manera, la ley, al mismo tiempo que premia a quien devuelve lo robado, premia la corrupción pública esencialmente.
Nuestro país en el transcurso del presente año apareció en los más ominosos ránkings. Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Paraguay es el cuarto país en todo el mundo en crimen organizado a nivel mundial. A principios de año, la oenegé Transparencia Internacional ubicó al Paraguay como el segundo país más corrupto de la región, siguiendo a Venezuela.
La sociedad paraguaya debe entender que la corrupción es peligrosa, pues nos arrebata oportunidades y derechos, pero sobre todo, le priva de un futuro a las nuevas generaciones. Las acciones del Parlamento, en favor de la impunidad para los corruptos es un mensaje negativo para la población y también para la comunidad internacional, que de esta manera difícilmente vea al Paraguay como un país democrático y confiable.
