Justiniano Riveros
CONCEPCIÓN
Una terrible represión sufrieron anoche manifestantes que se encontraban marchando hacia el domicilio de uno de los concejales municipales por parte de la Policía Nacional, dejando varios heridos y contusos.
Los más de 1.000 indignados que marcharon anoche por las calles exigiendo la renuncia del intendente Alejandro Urbieta se encontraron con balines de goma, gases lacrimógenos, golpes y corridas por parte de los antimotines.
Los agentes del orden detuvieron a dos personas, y golpearon salvajemente a los manifestantes que buscaban llegar hasta la casa de un concejal.
Tras el episodio, se dispersaron y se ubicaron en una plaza ubicada en las adyacencias. Los manifestantes aseguraron que “no van a dormir” hasta que Urbieta renuncie.
Complicado. La situación de Alejandro Urbieta, que soporta una movilización de ciudadanos indignados de 10 días, se complica, porque el fiscal Carlomagno Alvarenga le imputó ayer por el incumplimiento de la Sentencia Definitiva Nº 62, dictada el 28 de setiembre pasado, firmada por la jueza de Garantías, Gloria Mabel Torres.
En el mandato judicial, la magistrada le ordenó a Urbieta entregar todos los documentos referidos a la venta del ex puerto Saladero-Cué a la empresa TLP y el programa Festeja Concepción a la recurrente, Claudia Carolina Fischer (periodista y presidenta del Sindicato de Periodistas del Paraguay filial Concepción).
Sin embargo, el intendente obvió la entrega del “Expediente General Nº 1015” del proceso de transacción del Puerto Municipal a la firma TLP y en su reemplazo acercó el “Expediente General Nº 2096”, que es la reconstrucción del Expediente 1015.
A consecuencia de eso, la periodista radicó otra denuncia por desacato judicial y el fiscal Alvarenga, tras escuchar ayer testimonios del intendente lo imputó por desacato de orden judicial, que si se trata de una autoridad, tiene una expectativa de pena privativa de libertad de 6 meses a 5 años.
La jueza de Garantías Petrona De Giaccomi tendrá a su cargo darle la medida alternativa o la prisión.
Otro caso que saldría esta semana es la imputación por apropiación, que está en la unidad de la fiscala Ondina Cabral. En el caso, el intendente está denunciado por una ex funcionaria municipal, cuyos aportes a la caja de jubilados nunca fue depositado.
Concejales piden renuncia. Por su parte, cuatro concejales de la bancada colorada, a través de un comunicado, pidieron al intendente Urbieta su renuncia indeclinable al cargo con el fin de devolver la paz y las garantías que necesita la administración municipal. Los firmantes son Javier Vergara, Ytalo Centurión, César Samudio y Rodolfo Villalba, de la ANR.
Héctor González y Epifanio Ávalos, concejales del PLRA, también solicitaron su renuncia a través de un comunicado con el mismo argumento.
La Junta Municipal había resuelto solicitar la auditoría municipal de parte de la Contraloría General de la República. Sin embargo, los manifestantes creen que solo es una argucia para blanquear la administración.
Ayer se realizó la décima jornada de manifestación de los ciudadanos indignados, que de nuevo hicieron escraches a las viviendas de concejales, intendente y padres del lord mayor de la ciudad.
Los manifestantes piden la renuncia del intendente por una serie de supuestas irregularidades cometidas en sus funciones. Urbieta manifestó ayer a Telefuturo que las protestas en su contra solo son una persecución política.
