En el Senado se habían hecho denuncias de concesión irregular de juegos de azar a una empresa privada, por lo que imputaron a Ortiz y a las demás personas, por lesión de confianza, prevaricato y usurpación de funciones públicas.
Según la imputación, “con respecto al control del funcionamiento de tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando que por Ley, debería ser potestad de las municipalidades”. Este es el caso de la firma iCrop, adjudicada para la regularización del funcionamiento de las tragamonedas.
Fueron procesados Ortiz, el ex procurador Sergio Coscia, además de Raúl Silva, Ricardo Núñez (ex intendente de Villa Hayes), Carmen Alonso (presidenta de Diben), Osmar Mongelós, Rubén Roussillón (gobernador de Presidente Hayes), integrantes del Consejo de Administración de Conajzar.
Por último fue procesado el dueño de la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP) que ganó la licitación de la quiniela, Álvaro Wamosy Carrasco (hijo del ex presidente Juan Carlos Wasmosy).
El senador Jorge Querey había explicado que un tema preocupante es el manejo que se tuvo con la asignación de la quiniela, también en el otorgamiento de licencias irregulares para la explotación de máquinas tragamonedas.
Hablaron de una presunta evasión impositiva, y se tiene sospecha de que existiría lavado de dinero.
En la denuncia, consideraron llamativa reducción del 50% del canon para las empresas de juegos de azar, lo cual consideran un perjuicio a los ingresos para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén). Además, hablaron de legalización de tragamonedas en lugares no permitidos.
La denuncia lo habían hecho senadores en agosto. La Fiscalía sospecha que cedieron las atribuciones de fiscalización a una empresa privada y por adjudicar la quiniela en forma irregular.
