La agente fiscal en lo penal, quien se encuentra al frente de la investigación sobre los pagos del programa Pytyvõ, procedió a la imputación de Martín Leonardo Riveros Sotelo, quien se desempeña desde el 2017 como miembro titular de la Junta Municipal de María Antonia, Departamento de Paraguarí.
Asimismo, a Cristina Rosalina López Acosta, funcionaria de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción.
Julia Brítez Paredes, quien se desempeña como asistente de la Gobernación del Guairá.
Víctor Hugo Cañete Ortiz trabaja como operario en la planta frigorífica Neuland Ltda., también trabaja para la Cooperativa Multiactiva Neuland Limitada. Nilda Ramona Rivas Salinas, quien es trabajadora asegurada de una empresa privada.
Todos los citados habrían cobrado la asistencia económica estatal, correspondiente a G. 548.210, en contravención a los incisos 5 y 7 de los requisitos para ser beneficiarios del programa Pytyvõ.
En consecuencia y en base a los elementos de sospecha recogidos por la Fiscalía, se procedió a la imputación por los hechos punibles contra el orden económico y tributario, hechos punibles contra las relaciones jurídicas y hechos punibles contra el patrimonio.
Condiciones exigidas. Entre los requisitos establecidos para percibir la subvención, señala el decreto que el beneficiario no debía cotizar ni ser jubilado o pensionado de ninguna entidad pública o privada de jubilaciones y pensiones.
Además no ser contribuyente del impuesto a la renta personal y no percibir ingresos provenientes del sector público, tales como sueldos, jubilaciones, pensiones, transferencias de algún programa de asistencia social del Estado.
Cabe recordar que el 29 de abril el presidente de la República promulgó la Ley Nº 6524/2020 “Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada a causa del Covid-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras”. Entre estas medidas fue creado el programa referido para ayudar a las personas que principalmente quedaron sin trabajo.
Plazo solicitado
La investigadora solicitó un plazo de 6 meses para la pesquisa y de esa manera recolectar todos los datos y elementos posibles a fin de llegar a una conclusión. Posterior a esta, la fiscala definirá que requerimiento presentar, si es acusación u otro tipo de planteamiento ante el juzgado que entienda en la causa. El Ministerio de Hacienda había denunciado 43 supuestos casos de cobros indebidos del programa Pytyvõ.
