El proceso, llevado adelante por el fiscal Andrés Arriola, se da tras la denuncia presentada por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) que utilizó datos generados a través del acceso a información pública, como informaciones catastrales y cruzamiento de datos sobre licencias ambientales. “Si tenemos entre 180.000 a 190.000 hectáreas deforestadas por año, solo en esta propiedad la tala de árboles habría sido del 1% de todo el 2018”, refiere Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA.
Agrega que realizaron varias denuncias, de un total de 4.000 hectáreas de desmonte. “Presentamos la denuncia basada en información pública. Pusimos a disposición del Ministerio Público todos nuestros archivos. Ahora se formuló por uno de los casos. En investigación siguen cerca de tres inmuebles”, precisó.