La fiscala María Estefanía González imputó a Ramón Jiménez Gaona, Martha Regina Benítez, ex viceministra de Administración, y a Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, ex gerente del programa, por lesión de confianza.
La agente solicitó además al Juzgado Penal de Garantías la imposición de medidas alternativas a la prisión, como ser: fianza personal y real, prohibición de salida del país, además la obligación de fijar un domicilio determinado
La representación fiscal presentó doce elementos de sospechas para la imputación, entre los que se citan el informe final de auditoría combinada al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), elaborado en agosto de 2018 por la Contraloría General de la República (CGR).
Documento de la Municipalidad de Asunción donde informa la falta de autorización para las obras del Metrobús elaborado en el 2018.
Además de acta de entendimiento firmado entre el MOPC y Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA.
Finalmente, una declaración testifical de al menos 15 auditores de la CGR.
La imputación señala que de la investigación desplegada podrían surgir otras conductas con relevancia penal que implicarían la presentación de otras imputaciones.
Retraso. En octubre del 2018, Jiménez Gaona había reconocido tener, en parte, la culpa por los retrasos.
Argumentó que las dificultades para llevar adelante los trabajos se debían, principalmente, a que no pudieron encontrar una solución con los frentistas. El costo total estimado de la obra supera los USD 160 millones, de los cuales fueron adjudicados tramos por 50 millones y se llegó a pagar a la empresa contratista unos USD 35 millones, según las informaciones publicadas.