Los ex senadores Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace), el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Antonio Fernández Lippmann, y los abogados José Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva Segovia fueron imputados anoche por los fiscales Martín Cabrera, Alcides Corvalán y Francisco Torres.
Los ex parlamentarios fueron imputados por los delitos de asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencia.
El ex secretario de González Daher en el JEM fue imputado por asociación criminal y cohecho pasivo agravado (ya tiene imputación por tráfico de influencia), y los abogados Caballero y Silva por los delitos de asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencia.
La representación fiscal solicitó además al Juzgado de Garantías la medida cautelar de arresto domiciliario para los imputados. “De esta manera se estaría evitando razonablemente el peligro de fuga, como así también la obstrucción a la presente investigación”, remarca el escrito del Ministerio Público.
Las imputaciones de las cinco personas son en el marco de la investigación de los audios filtrados de las conversaciones del secretario del JEM con diversas autoridades, fiscales y abogados que desnudaron una trama corrupta del manejo de la Justicia, hecho que le costó el puesto a González Daher, suspendido como senador y luego castigado con la pérdida de la investidura, y a Oviedo Matto, quien evitó el bochorno al renunciar a su banca.
AUSENTES. Por otro lado, González Daher no se presentó ante la Fiscalía para prestar declaración indagatoria. Sí lo hizo su abogada Sara Parquet, quien planteó la suspensión, alegando que no cuentan con la carpeta fiscal.
“Recomendé que se suspenda esta audiencia hasta tanto nosotros podamos acceder a la carpeta fiscal. Quiero observar la orden judicial por la cual se han ordenado grabaciones que se presentaron como pruebas. Aunque no observé ninguna orden”, ironizó".
Parquet minimizó el grado de involucramiento de su cliente en el caso de audios y argumentó que las grabaciones fueron manipuladas.
“Los audios remitidos a la Fiscalía son audios editados cortados, manipulados, descontextuados; no son audios en bruto que se hayan enviado de una grabación. Fueron manipulados en todos los sentidos porque no es un audio normal”, expresó, asegurando que son ilegales y que se debe procesar a quien los filtró.
La abogada, muy ofuscada, manifestó que para tomar en cuenta las grabaciones como prueba se precisa de una orden judicial previa.
