El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera imputó al ex ministro del Interior Francisco De Vargas y al ex titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Luis Rojas, como así también a otras 9 personas, por un presunto caso de sobrefacturación en la compra de equipos de sistema de rastreo sensitivo móvil y de comunicación, adquiridos en los años 2012 y 2015.
La imputación es por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y contrabando. La Fiscalía alega que existe un perjuicio de más de G. 10.000 millones.
También están imputados por la Unidad Anticorrupción Nicasio Bóbeda, propietario de la firma importadora Televox SRL; su hijo Alfredo Javier Bóbeda Mongelós; la contadora Silvia Jara Acha; el ex encargado de la Unidad Operativa de la Senad Alberto Daniel Ferreira Marti; la ex asesora jurídica de la Dirección Administrativa y Financiera Jessica Paola Reyes; el administrador, Antonio Salvador Pereira Fretes, de la Senad.
Además del agente especial y ex director de Inteligencia de la mencionada institución, Silvio Amarilla.
En tanto, Hugo Danilo González, quien se desempeñaba como coordinador del Departamento de la UOC, y Javier Benítez, ex director del Departamento de Administración, son procesados en calidad de cómplices.
El representante del Ministerio Público pidió además medidas alternativas a la prisión al juez Humberto Otazú.
EL CASO. La causa se inició a raíz de una nota de la Contraloría General, que detectó irregularidades con facturas falsas; en este caso, de la empresa denominada Televox, refiere la imputación.
En el marco de las pesquisas, la Subsecretaría de Estado de Tributación informó que dicha firma presentó facturas falsas por valor de G. 5.063.714.710, dicha rendición la realizó para justificar las operaciones hechas con la Senad, ya que en el año 2012 proveyó equipos de sistema de rastreo sensitivo móvil a la secretaría, cuando De Vargas estaba al frente, por el valor de G. 9.406.120.000.
Según el escrito, De Vargas, también ex ministro del Interior, ya había firmado el contrato de adquisición con la empresa, el 21 de noviembre de 2012; es decir, 21 días antes de la decisión oficial, ya que esta se hizo recién el 27 de diciembre. En tanto, en el 2015 se adquirieron equipos tácticos de comunicaciones, cuando Rojas era titular de la Senad, por la suma de G. 1.252.000.000.
Menciona que ambos pedidos se hicieron a través de la vía de la excepción y no contaban con respaldo de haber ingresado al país de forma legal.
