José Miguel A. Verdecchia
Sociólogo - Investigador
En estos los últimos meses estamos asistiendo a un fuerte entredicho entre la pretensión del Gobierno de imponer restricciones y ejercer un mayor control y una desproporcionada penalización a la actuación de las organizaciones de la sociedad Civil y la resistencia de estas a esa intención a partir de la consideración de principios jurídicos, sociales, políticos y éticos.
Por sus connotaciones, este es un problema que se plantea dentro del ámbito de la democracia, ya que la participación de los ciudadanos en la vida política, social y económica del país, tal como lo establece la constitución nacional forma parte de los valores y principios constitutivos del Estado paraguayo.
Entre los principales cuestionamientos a la actuación de las organizaciones de la sociedad civil que se hacen escuchar desde esferas del gobierno es frecuente la acusación de que estas (particularmente las ONG) pretenden incidir en la política pública, lo cual les estaría vedado por considerar que se trata de una injerencia en cuestiones que atañen solamente al poder político.
El otro aspecto que mencionan con frecuencia es la supuesta falta de transparencia y el manejo corrupto de los fondos que les son proveídos por el Estado, así como los provenientes del sector privado y de la cooperación internacional.
a) Incidencia en políticas públicas. Para el pensamiento instalado en los círculos de poder del gobierno, la pretensión de incidir en la política pública es considerada como una actividad de la que deben abstenerse las organizaciones ciudadanas, ya que invade el ámbito propio y exclusivo de la actuación del gobierno.
Para dimensionar la gravedad y las consecuencias de esta manera retorcida de entender la democracia, se hace necesario mostrar lo que en el mundo contemporáneo se entiende por política pública y por la incidencia de los ciudadanos en su formación.
Es por aceptación generalizada que las políticas públicas son consideradas como las respuestas del Estado a situaciones que se dan en la sociedad y que son consideradas como problemáticas. Se trata, por tanto, de las orientaciones, las normas y las acciones que los gobiernos despliegan para superar los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto o a un segmento de la misma.
Si bien la acción gubernamental es lo que define a la política pública, esto no significa que el gobierno sea el único que tiene que ver con ella, ya que los problemas que se atacan afectan a la sociedad. Por tanto, pensar en las posibles soluciones a los mismos es una cuestión que interesa a toda la colectividad ya que son sus necesidades y aspiraciones las que finalmente deben ser encausadas por el gobierno a través de sus políticas.
En una democracia es fundamental que los ciudadanos puedan expresar esas aspiraciones mediante su participación organizada, libre y autónoma, en los diferentes ámbitos de la vida social; esto es, en la esfera de lo político, de lo económico y de lo social.
Así, en el campo de la política, los ciudadanos tienen la posibilidad de vehiculizar su participación a través de partidos y movimientos políticos que buscan acceder al poder para desarrollar un programa o influir en la definición de la política pública; los empresarios lo hacen a través de sus federaciones o cámaras buscando influir para que las políticas públicas protejan o mejoren las condiciones económicas para sus negocios; y por fin, están los ciudadanos cuya participación la materializan nucleándose en diferentes tipos de organizaciones con fines eminentemente sociales y altruistas que persiguen el bien común o los intereses de las personas que los conforman. Estas organizaciones se caracterizan, además, por no tener fines de lucro como tampoco pretensiones de acceso al poder político, aún cuando, en algunos casos, su actuación se enfoque en el control de la gestión de los gobernantes. Estas son las organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran las Fundaciones, las Comisiones Vecinales, las ONG, los clubes deportivos y las diversas Asociaciones, entre otras
Los esfuerzos que realizan estos actores para incorporar sus problemas, necesidades o aspiraciones en la agenda pública para que el gobierno los traduzca en leyes, programas o proyectos favorables a sus intereses son lo que se conoce como “abogacía” o “incidencia política”. Se trata, por tanto, de un proceso democrático legítimo en el que diferentes actores, por diferentes caminos, buscan influir en las decisiones del Gobierno sobre la política pública de tal manera a que estas recojan sus aspiraciones. Este tipo de participación es muy valorada en las democracias contemporáneas por cuanto, por una parte, permite una mayor conexión de los gobiernos con los ciudadanos y por otra, es un camino para sacudir la inercia de la burocracia gubernamental ante la irrupción de un pensamiento innovador y creativo.
En este sentido, no se puede desconocer los beneficios que ha reportado al país la acción pionera que han tenido las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil a través de su incidencia en la política pública.
Entre los grandes casos emblemáticos impulsados por estas organizaciones son de destacar la legislación sobre cuestiones altamente sensibles para la sociedad tales como los derechos civiles de la mujer, los derechos de las comunidades indígenas, la protección del medio ambiente, la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, como así también las contribuciones con los nuevos enfoques en los principios y la finalidad de la educación que han sido recogidos en la reforma educativa de los años ’90, o los aportes en el campo de la investigación sobre la realidad social del país los cuales han servido para sustentar nuevos programas y proyectos innovadores del sector público, así como para estimular a las universidades la adopción de programas de investigación.
Con esto lo que busca es destacar que la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en la política pública no solo es un imperativo de la democracia, sino que además su labor de abogacía es un factor movilizador y dinamizador de la sociedad, motivos estos por los cuales el gobierno, antes que buscar acallarlas debería preocuparse en crear condiciones que faciliten su participación.
a) Transparencia y Corrupción: En cuanto a la falta de transparencia y al manejo corrupto de los fondos asignados para financiar los programas y proyectos de las ONG cabe hacer una distinción.
Cuando se trata de financiamientos con fondos públicos la cuestión es muy clara y no necesita de una nueva ley para controlar su uso.
Es más, el Gobierno tiene la obligación de ejercer un control estricto con los instrumentos que tiene, tanto sobre el otorgamiento como sobre el uso de los mismos, ya que los actos de corrupción pueden afectar tanto al que da el dinero como al que lo recibe.
En cuanto a los recursos provenientes de fuentes privadas o de la cooperación internacional es sabido que el uso de estos fondos están sometidos a un estricto control a través de auditorías realizadas por empresas generalmente de prestigio internacional y con estándares muy superior a los utilizados por el gobierno.
Asimismo, en la actualidad existe un conjunto de disposiciones legales a través de las cuales el Estado realiza el control de las ONG por medio de informaciones proporcionadas por estas en forma regular a diversas instituciones estatales sobre cuestiones tales como sus programas en ejecución y los montos, el origen y la legitimidad de los fondos que manejan, entre otros.
Estas informaciones, con sus particularidades, son entregadas regularmente a la Dirección General de Registros Públicos, al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Tributación (RUC, IVA, IRE, IRP y otros) a la SEPRELAD, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los ministerios de la Niñez y la Adolescencia, de Salud Pública y Bienestar Social, y del Trabajo, al IPS, a la Contraloría General de la República, a las Municipalidades y otros por lo que resulta no solamente insólito e inexplicable, sino ridículo que desde el gobierno hablen de una falta de transparencia y control de las ONG.
Todas estas consideraciones lo que hacen, además de mostrar la hilacha autoritaria del Gobierno es la intención de acallar bajo la amenaza de severas sanciones las voces críticas que desde la sociedad civil están empeñadas en el control de la gestión de las autoridades.
Así se puede asumir que el principal objetivo de la ley, lejos del control y la transparencia de la gestión de las ONG es instalar el miedo como traba a la participación ciudadana a través de un mecanismo de intimidación para acallar críticas que molestan.
Cuando la aplicación de las norma descansa en instituciones y personas carentes de credibilidad y de autonomía en su desempeño, son pocos los ciudadanos que se expondrán a asumir funciones directivas de una ONG para no estar sometido eventualmente a penas pecuniarias arbitrarias que pueden llegar a varios cientos de millones de guaraníes.
Lo que el Gobierno debería hacer en este campo es hablar menos de transparencia y corrupción mostrar la cara de las ONG corruptas si las hubiere y procesar a los responsables y por sobre todo dirigir la mirada hacia dentro de la casa porque es ahí donde anida la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad.
