El incidente dejó como saldo a un hombre con lesiones leves y una mujer descompensada, supuestamente, debido al uso de gas pimienta por parte de agentes de la Policía Municipal de Tránsito.
Lucía Armoa, una de las manifestantes, se encadenó al portón de acceso de la sede comunal, simbolizando la lucha de los 240 ex trabajadores que buscan el cobro de salarios caídos e indemnizaciones. Armoa declaró que el municipio le adeuda G. 8 millones de un total de G. 75 millones, y denunció que los pagos mensuales pactados se han suspendido hace meses, lo que llevó a la reactivación de las medidas de protesta.
Tras el incidente, un funcionario llegó hasta los manifestantes para confirmarles que serán recibidos por Iván Portillo, director financiero, para tratar de llegar a un acuerdo y levantar la movilización.
El origen del conflicto se remonta al año 2000, cuando el entonces intendente Eduardo Ramón Morales despidió a más de 400 empleados municipales durante una huelga sindical.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppA pesar de que la Corte Suprema de Justicia revocó la calificación de ilegalidad de la huelga, ordenando la reincorporación o indemnización de los despedidos, sucesivas administraciones municipales, incluida la de Javier Zacarías Irún, ignoraron sistemáticamente las resoluciones judiciales, acumulando una deuda que hoy asciende a G. 19.000 millones.
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En un intento por resolver la situación, en 2022 se firmó un acuerdo entre Miguel Prieto y el Sitramucde para un pago en cuotas durante seis años. Sin embargo, según el secretario general del sindicato, Rogelio Núñez, hasta la fecha solo se ha abonado el equivalente a dos años, y los montos pagados mensualmente han disminuido drásticamente, llegando a cifras de G. 1 millón o G. 2 millones, lo que consideran una burla.
El incidente frente a la Municipalidad se suma a una serie de manifestaciones en curso, incluyendo una huelga de hambre del ex concejal Celso Kelembú Miranda y Arturo Páez, frente al Palacio Justicia en Asunción, exigiendo celeridad en los procesos penales contra Miguel Prieto y el cumplimiento de las medidas judiciales.
