Patricia Vargas y Luis Bareiro
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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) pretende recuperar mediante una nueva mensura judicial más de 257.000 hectáreas ubicadas entre los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú, entre las que se encuentran unas 59.000 hectáreas que hoy son explotadas por el empresario brasileño Tranquilo Favero, según aseguraron ayer en la entidad.
El Indert solicitó y obtuvo autorización para replantear la mensura judicial que se había hecho en el lugar, basándose en un elemento que considera no fue tenido en cuenta antes: una sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia del 16 de febrero de 1963, que ordenó la restitución al Estado paraguayo de tierras que habían sido adquiridas por un ciudadano de origen francés, Domingo Barthe.
De acuerdo con el expediente judicial de la época, Barthe adquirió, junto con otros socios comerciales, cerca de 400.000 hectáreas del Estado, pero solo pagó una primera cuota por ellas.
Con los pagarés vencidos en mano, el Estado accionó contra los herederos de Barthe en 1953, pasando por todas las instancias judiciales hasta obtener un fallo definitivo diez años después.
De acuerdo con el informe del Indert, de aquellas tierras el Estado se quedó con dos fincas, la finca 81 del distrito San Joaquín, Caaguazú, y la 39 del distrito Domingo Martínez de Irala, que sumaban unas 257 mil hectáreas.
TÍTULOS FALSOS. Según la solicitud de mensura judicial, sobre esas propiedades se montaron títulos falsos presentados en su momento por Agrotoro, Cuatro Vientos y Tranquilo Favero, entre otros.
El Indert afirma que cuanto menos unas 59.000 hectáreas de las más de 60.000 que el empresario brasileño Tranquilo Favero tiene en la zona, están ubicadas en la finca 81 que pertenece al Estado.
La medida no afecta exclusivamente a Favero. De acuerdo con la mensura, el Estado pretende determinar la localización exacta de las 257.000 hectáreas, distribuidas en siete fracciones de diferentes dimensiones.
Siempre de acuerdo con la versión del Indert, parte de la propiedad reclamada corresponde a la zona de Ñacunday, lugar donde se produjo el conflicto entre Favero, un grupo de colonos brasileños afincados en esas tierras y organizaciones campesinas que reclamaban unas 12.000 hectáreas de la propiedad, asegurando que las mismas constituían un excedente de tierra fiscal.
NOTIFICACIONES. El magistrado ante quien el Indert solicitó y obtuvo la orden de mensura, Hugolino Bogado Medina, juez de Primera Instancia de la localidad de Santa Rita, ya comunicó de su decisión a la Corte Suprema, al presidente Fernando Lugo, fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, al procurador general de la República, Enrique García y al titular del Congreso, Jorge Oviedo.
De acuerdo con el agrimensor Carmelo Vera, la mensura comenzará el 28 de setiembre. Vera dijo que los trabajos afectarán a muchos supuestos propietarios cuyos títulos son en realidad nulos, ya que corresponden a presuntas propiedades ubicadas en tierras públicas. Resta saber cuál será la reacciones de los autodenominados carperos, una organización de ocupantes de tierra que reclamaban ser adjudicados con fincas que hoy explotan colonos brasileños.
