EFE
El Gobierno presentó un pedido de juicio de mensura del territorio de Cuyabia para delimitar las tierras que fueron supuestamente vendidas de forma irregular por el anterior presidente del INDI, Darío Quesnel, ahora procesado por este hecho y por el supuesto desvío de unos 700.000 dólares destinados a comunidades indígenas.
El Gobierno debe esperar ahora a que un juzgado autorice la medición de las 25.000 hectáreas tituladas a nombre de los nativos, “que se han ido reduciendo a unas 13.000 debido a la invasión que están realizando algunos empresarios”, dijo Maximiliano Mendieta, uno de los abogados de Tierraviva.
“La anterior administración del INDI, en complicidad con una compradora y una escribana pública, llegó al extremo de vender la propiedad de 25.000 hectáreas, violando la misma Carta Magna de Paraguay”, aseguró Mendieta.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Hoy están a las puertas de un juicio oral y público por el delito penal de lesión de confianza contra el Estado paraguayo”, añadió.
La comunidad, que pertenece al pueblo ayoreo atetadiegosode, vive una situación grave, debido a la tala ilegal que se está realizando en sus bosques para el tráfico ilegal de maderas, según Mendieta.
Además es un área utilizada por el único grupo indígena aislado que queda en América fuera de la Cuenca Amazónica, los ayoreo totobiegosode, que podrían entrar en contacto de forma violenta con los invasores de las tierras o ser afectados por enfermedades para las que no son inmunes.
“Hay una superposición de títulos en un contexto de corrupción del INDI, vendieron títulos de propiedad sobre el territorio de Cuayabia”, reiteró Mendieta.
El abogado recordó que hay una medida cautelar para “no innovar sobre el inmueble”, es decir que prohíbe la tala, vallado o cualquier otro trabajo sobre el territorio.
“Sin embargo, varias estancias ganaderas que les rodean están desacatando esa medida porque siguen realizando tala en ese terreno”, añadió.
Quesnel está imputado por lesión de confianza y apropiación junto a otros funcionarios de su administración por la sustracción de 3.127 millones de guaraníes (unos 700.000 dólares) pertenecientes a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa.
Según la Fiscalía, los imputados se apropiaron del dinero, que estaba depositado en dos cuentas del Banco Nacional de Fomento, a principios del año pasado.
El actual presidente del INDI, Jorge Servín, descubrió la ausencia del monto al revisar los saldos financieros de la entidad y denunció el caso en septiembre de 2013.
El Estado paraguayo había destinado los casi 700.000 dólares a cumplir con las dos sentencias a favor de las comunidades Yakye Axa y Sawhoymaxa, del pueblo Énxet, en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) consideró probada la violación de sus derechos humanos.
Ambas comunidades fueron despojadas de sus tierras ancestrales, que ahora están en manos de ganaderos, y desde hace más de 20 años viven al costado de carreteras en el Chaco paraguayo.
La CorteIDH obligó al Estado a restituir las tierras de las dos comunidades en 2005 y 2006, en el plazo de tres años.
