A principios de los ochenta, la creación de la hidroeléctrica Itaipú expulsó a unos 60.000 indígenas avá guaraní en ambos países (40.000 en Brasil y 20.000 en Paraguay). Hoy en día, estos grupos sobreviven abandonados e invadidos por los cultivos de soja y sus agroquímicos, alrededor y dentro de sus comunidades.
La expropiación en Paraguay por parte de Itaipú, desde Hernandarias hasta Salto del Guairá, expulsó a 38 comunidades indígenas avá guaraní, pero no así a sojeros y ganaderos, la mayoría brasileños.
Gran parte de estos potentados de la soja y la ganadería invaden los territorios expropiados por Itaipú, por el cual recibieron indemnizaciones. Incluso montan puertos clandestinos para el contrabando y narcotráfico, y en otros casos, grupos empresariales montaron clubes y condominios privados de lujo, según se vio en esta serie.
Esta investigación de ÚH, realizada con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con Connectas, presenta en este capítulo las ilegalidades cometidas por Itaipú en el proceso de desalojo de los nativos de la zona, así como la realidad actual de estas comunidades expulsadas por Itaipú y hoy invadidas por el agronegocio.
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LA INVASIÓN. Los asentamientos donde actualmente viven con otros grupos los avá guaraní paranaenses expulsados por Itaipú se encuentran, al igual que la mayoría de las comunidades del país, rodeados e invadidos por extensos campos de cultivo de soja.
Los sojales rodean a las comunidades sin la franja de protección que ordena la Ley 3724 y avanzan dentro mismo de sus territorios a través de acuerdos de arrendamiento que los indígenas son empujados a aceptar, mediante engaños, extorsión o sobornos a los líderes.
Esta mecánica viola lo establecido por la Constitución Nacional y la Ley 752/81 “De los Pueblos Indígenas”, donde el Estado se compromete a proveerles tierras no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas.
Mediante los datos registrados por la Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos (Dgeec) y sistematizados por la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), así como el uso de mapas satelitales y el reporteo en la zona, comprobamos que sojales invaden las tierras que deberían ser de uso exclusivo de las comunidades.
Los empresarios sojeros consiguen avanzar con una mecánica ilegal e inconstitucional.
Los cultivos traen graves enfermedades provocadas por los agroquímicos, según el relato de los propios nativos y otros testigos, y acordes con los últimos estudios científicos respaldados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El profesor Simón Oviedo Villalba, supervisor administrativo y pedagógico de las escuelas indígenas de los distritos de Itakyry, Minga Porã y Mbaracayú, señaló que la presencia de agroquímicos está afectando la salud de la gente y que un problema grave era el suicidio de los jóvenes a través de la ingesta de los plaguicidas.
“Muchos niños nacen con malformaciones, otros mueren a consecuencia del envenenamiento con agroquímicos dentro de las comunidades. Los venenos que se utilizan son muy peligrosos, ya tuvimos muchas muertes, algunos tienen problemas familiares y económicos, y utilizan el veneno para sacarse la vida, ya que tienen ahí a lado”, detalló.
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EL DESTIERRO. En los años 70, los avá guaraní que vivían en las costas del río Paraná eran indígenas prósperos, ya que sus balsas de traslado servían de taxi y a la vez vehículo para comerciar productos de ambas márgenes del río.
El reconocido antropólogo y sacerdote jesuita Bartomeu Melià formó parte del equipo de estudio que impulsó Itaipú en 1975. Dijo a ÚH que el informe no servía para determinar el número de grupos indígenas que serían afectados y respaldó el trabajo de Mariblanca Barón y también el de antropólogos del Brasil, que hablan de 38 comunidades afectadas en Paraguay (unas 20.000 personas).
Las recomendaciones de los estudios señalaban aspectos fundamentales para la recuperación y dignificación de la cultura de dichas comunidades, pero lo que impulsó la binacional fue totalmente lo opuesto.
El estudio recomendaba crear 23 nuevos asentamientos, pero lo que hizo la Itaipú fue distribuir a las 38 comunidades en ocho asentamientos donde ya existían otros grupos, y en tierras compradas en su mayoría por la Iglesia Católica, según la investigación de Mariblanca Barón, publicada por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción (Ceaduc), en el 2017.
Según reconoce la propia Itaipú, apenas 2.000 hectáreas fueron pagadas por la entidad para estos grupos. Las comunidades fueron trasladas por la Itaipú a través del denominado Proyecto Guaraní, programa auspiciado por la Asociación Indigenista del Paraguay (AIP) y la Misión de Amistad de los EEUU.
Barón dijo que una de las mil hectáreas que Itaipú dice que compró, Itabó, el propietario anterior le dijo que ellos donaron las tierras y que Itaipú no pagó nada.
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CALVARIO. Carmen Sixta Martínez, quien vivió el proceso de desalojo en 1982, recordó llorando cómo les llevaron en camiones de noche a un lugar llamado Vacaretá y de ahí caminaron a oscuras con lo poco que rescataron hasta otro punto denominado Yukyry.
En este lugar no había agua, monte, ni animales silvestres. Dijo que cada tanto recibían comida en mal estado enviada por Itaipú a través del Proyecto Guaraní.
“Nos dijeron que podíamos volver cuando las aguas bajen, y después descubrimos que gran parte de nuestras tierras no se inundaron, pero ya no nos dejaron volver y ahora todo eso está en manos de los sojeros, nos hubiéramos quedado si sabíamos”, lamentó.
Estos procedimientos violaron la entonces vigente Ley Nº 63/68 que ratificó el Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas.
“No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin su libre consentimiento, salvo por razones previstas por la legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo económico del país o a la salud de dichas poblaciones”, reza el artículo 12.
Agrega que “cuando en esos casos fuere necesario tal traslado a título excepcional, los interesados deberán recibir tierras de calidad por los menos igual a las que ocupaban anteriormente”, lo cual no ocurrió.
Binacional falseó datos para no indemnizar
El reportero de ÚH llegó hasta el lado brasileño, en Guaíra, en el estado de Paraná, donde visitamos la comunidad indígena avá guaraní Guavirá, quienes mediante una intensa lucha y, tras años de despojo y sufrimiento, lograron conquistar tierras, pero no gracias a Itaipú. Estas están en proceso de demarcación, lo cual también les trae conflicto con los agroempresarios
brasileños. Un informe reciente del Ministerio Público Federal de Brasil reveló que Itaipú falseó datos de los indígenas para
no pagar indemnizaciones. El documento propone una indemnización por las tierras inundadas o indebidamente tituladas por particulares, la demarcación definitiva de la tierra de los avá guaraní, el reconocimiento público de la violación de los derechos y acciones de reparación y resarcimiento con la participación directa de los nativos.
