La comunidad había sido reubicada en Itakyry, al ser desplazada de sus tierras ancestrales, debido a que estaba en el área que iba a ser inundada por el embalse de la represa de la Central Hidroeléctrica de la Itaipú Binacional.
El cacique Rafael Recalde relató que actualmente solo 15 a 20 familias de aquel grupo son los que todavía viven, algunos son los que todavía eran niños o jóvenes cuando fueron trasladados por el Gobierno a dicha propiedad de 2 mil hectáreas.
Actualmente, la comunidad está poblada por 85 familias con unos 400 miembros. Posee una escuela con 4 docentes con rubros del Ministerio de Educación y Ciencia, donde se imparten clases desde el preescolar hasta el noveno grado.
Inaccesible. Por otro lado, también cuentan con personería jurídica, pero no pueden acceder a los beneficios como la construcción de viviendas populares, ni la ampliación de la institución educativa, ya que las instituciones del Estado encargadas de estos beneficios les piden un título de propiedad, como uno de los requisitos. “Cuando nuestros antepasados fueron trasladados, tuvieron la promesa de que le iban a dejar en una propiedad con título”, recordó.
“Nuestro problema ahora es la falta de título. Muchos beneficios son a los que no podemos acceder porque las instituciones como el Indi (Instituto Nacional del Indígena) y el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) no nos dan una solución a este tema”, afirmó el líder de la comunidad.
Recalde comentó que en el Indi le derivaron al Indert, donde recorrió varias oficinas, pero sin que recibiera una respuesta a su pedido.
“Solicitamos la construcción de unas 45 viviendas para la comunidad en el marco del Programa Fondo Nacional para la Vivienda, pero en el Ministerio de Hacienda piden título de la propiedad. Hace mucho que fuimos reubicados, los mayores ya fallecieron y los que eran jóvenes ya se están volviendo viejos”, lamentó le cacique.
Lamento. El líder indígena lamentó la situación de su comunidad, ya que otras comunidades de la misma parcialidad ya tienen viviendas construidas por el Estado y ellos siguen con el problema de la documentación de su comunidad.
“Acá los que vinieron inicialmente sufrieron mucho por la falta de caminos, enfermedades, tuvieron que migrar algunos a otras comunidades más cercanas de las ciudades”, dijo.
