Uno de los hechos que posibilitó visibilizar a los indígenas se generó por la conducta grosera, prepotente y discriminativa del “senador” (es tan difícil atribuirle esa dignidad) que se hace llamar Chaqueñito. El hombre maltrató y amenazó a una funcionaria contratada que presta servicio en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara Alta, de la cual el Chaqueñito es nada menos que presidente. Esta es una muestra de la relevancia asignada a los pueblos indígenas en el ámbito del Senado, al confiar la presidencia de dicha comisión a alguien que desde un principio dio fehacientes muestras de que es inapto para ocupar una banca, expresar una frase completa sin errores, actuar con empatía y dar testimonio de al menos un par de valores. Es el mismo que dijo que los indígenas que están viviendo en la calle, frente al INDI, lo hacen porque quieren, “porque forma parte de su cultura”. Expresiones que nos dan la medida de su capacidad de reflexión y análisis y ahonda la preocupación de lo que pudiera hacer estando donde está. “No sos nada, sos una porquería, una basura ante mí”, espetó a la funcionaria indígena. Dimensionen todo el desprecio y discriminación que cargan estas palabras de un “representante del pueblo” dirigiéndose a una mujer, a quien reclama haber recurrido a “su raza” para que salieran con un comunicado en contra del legislador.
El tema debería servir, como tantas otros hechos generados en el Congreso Nacional, de lección para que como ciudadanos no se vuelva a caer en el mismo error de malograr el voto para que personajes de tan bajo nivel ingresen al Parlamento y que, una vez en el cargo, traicionen a quienes pudieron haber confiado en ellos y encima ofertarse al mejor postor para avalar cualquier proyecto de ley. Después de este último episodio, que es una suma de situaciones que degradan la labor legislativa, los senadores oficialistas, que son tan rápidos para dejar sin investidura a quienes osan ponerlos en evidencia, deberían accionar con firmeza y sancionar con todo rigor a Javier Vera, alias Chaqueñito, quien embarra a toda la Cámara.
Otro tema que colocó en la agenda pública a los indígenas es la designación de un militar retirado al frente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), tras la destitución, después de 9 meses de gestión, de Marlene Ocampos, presidenta de la institución, quien no logró siquiera desactivar el campamento infrahumano ubicado en la acera de la entidad. El cambio podría ser alentador de no ser porque el reemplazante de la señora Ocampos reconoció públicamente que no es un conocedor de la realidad indígena del país, pero que se tomará su tiempo para enterarse y dar muestra de su gestión. El hombre reivindica al dictador Alfredo Stroessner, bajo cuyo régimen se cometieron las mayores atrocidades contra las comunidades indígenas en el Paraguay. El artículo 36 de la Ley 904, “Estatuto de las Comunidades Indígenas” cita entre los requisitos para ocupar tal cargo, el tener conocimientos y experiencias en materia indigenista.
En síntesis, los indígenas siguen como un sector abordado tangencialmente por cada gobierno de turno. Son los de siempre postergados, Visibles solo cada 5 años, cuando se los busca y arrea para votar por el candidato oficialista. Prueba de esta hipótesis es el exiguo presupuesto que se asigna al INDI, la gente designada para dirigir la institución, la persistente mirada minusvalorada de los pueblos indígenas y el pobre empeño por ejecutar el Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI), aprobado en el 2021.
