El sector industrial reclama la desventaja que tiene primeramente respecto a la exportación de soja en estado natural, lo que se traduce en una pérdida de competitividad del aceite y harina. Como alternativa propone algunos incentivos relacionados a la devolución del crédito fiscal y otros que se pueden ir construyendo.
La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) se quejó primeramente de los constantes cambios de regla, especialmente desde el 2013, cuando las industrias asociadas al gremio realizaron grandes inversiones que lograron aumentar la capacidad instalada de procesamiento de 1,5 millones de toneladas por año a 4,5 millones.
Desde entonces hubo cuatro cambios en las normas tributarias que generaron imprevisibilidad en la competitividad de las industrias aceiteras nacionales, que se estancaron en un volumen de molienda de alrededor de 3,6 millones de toneladas por año, lo que implicó una caída de aprovechamiento de 44% en 2015 a un promedio de 35% en los últimos tres años.
Sobre la reforma tributaria que empezó a implementarse del 2020, la Cappro rechaza que la exportación de soja en estado natural y la de productos industrializados tengan el mismo tratamiento tributario, cuando el segundo es el que genera más beneficios al país.
“El diferencial podría darse, como estaba previsto en la Ley N° 5061/13, a través de la devolución total del crédito fiscal IVA (impuesto al valor agregado) generado en las exportaciones de productos agroindustriales y una devolución menor para las exportaciones en estado natural o buscar otros incentivos fiscales a través de mayores deducciones en los impuestos directos; son políticas fiscales que deberían analizarse y ajustar lo que sea necesario”, precisó el sector de molienda de granos.
A estos reclamos se suman las penalizaciones que reciben las fábricas que operan 24 horas al día por consumir energía eléctrica en horarios denominados como “de punta de carga”, que junto a los problemas de logística por la bajante de los ríos, representa un sobrecosto que también debe atender una política agroindustrial.
Las Cifras 4,5 millones de toneladas por año es la capacidad instalada de las industrias asociadas a la Cappro desde las inversiones del 2013.
35 por ciento es la caída que reportan las procesadoras en el aprovechamiento de su capacidad en los últimos tres años.
Se debe minimizar la caída
Las empresas que procesan soja también se verán seriamente afectadas por la merma en la producción, pero consideran que la apuesta a un mayor nivel de molienda podría disminuir el impacto en general.
“Si bien no se podrá evitar la caída de ingresos de divisas, los esfuerzos para minimizar la misma tienen que estar puestos en aumentar la industrialización de la soja de buena calidad dentro del país, para poder exportar productos de mayor valor en comparación con la exportación de soja en estado natural y de esa manera compensar en alguna medida la pérdida”, sostuvo la Cappro.
El gremio insiste en que la agroindustria permitirá al país tener un desarrollo económico y social sostenible.