La medida se dio después de que encapuchados hayan generado una ola de violencia en todo el país.
El conflicto se desató el lunes tras la fuga del jefe de la principal banda narcodelictiva que estaba recluido en una cárcel de Guayaquil, lo que provocó la publicación de un decreto del gobierno que estableció el estado de excepción.
ANÁLISIS. Rafael Filizzola, senador nacional por el Partido Democrático Progresista (PDP), explicó que la actual inestabilidad política y social en Ecuador, combinada con un alto índice de criminalidad y acciones violentas de grupos criminales organizados, debería servir como advertencia para nosotros como República.
Esto, debido a que Paraguay enfrenta realidades similares, aunque no a tales extremos, por lo que es crucial tomar medidas necesarias, como fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la independencia de las instituciones públicas, para evitar un estado crítico como el que atraviesan varios países de la región.
“La situación en Ecuador, con mafias que controlan el sistema penitenciario e infiltran instituciones públicas, es extrema”, señaló.
El ex ministro del Interior comentó que en nuestro país las facciones criminales brasileñas, como el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV), Bala na Cara, y otros, desarrollan sus actividades en Paraguay como centro de operaciones para el tráfico de drogas a Europa y África a través de la hidrovía.
“Paraguay enfrenta una crisis derivada del poder narco, conocida como narcopolítica, evidenciada por operaciones como A Ultranza Py y Berilo, que resultaron en la detención y procesamiento judicial de actores políticos, incluso con representación parlamentaria”, sostuvo.
nuevo actor. El informe del Índice Global del Crimen Organizado revela que Paraguay ha ascendido al cuarto lugar en el ránking, detrás de Myanmar (que en el 2020 y 2021 estuvo al borde de convertirse en estado fallido), Colombia y México.
Este ascenso tiene que ver con la inclusión del sector privado y empresarial como uno de los actores criminales, junto con grupos mafiosos, redes criminales, actores integrados en el Estado y actores extranjeros, según el legislador.
“Esto no lo decimos nosotros, sino es un reflejo del análisis realizado al país en materia de crimen organizado por parte de expertos, que señalan que el avance del comercio ilegal de cigarrillos, agudizaron la problemática. Hablamos de una conjunción de sector privado y contrabando de cigarrillos como un sector, un nuevo actor que tiene acusaciones fuertes de evasión fiscal y de ejercer una influencia política”, concluyó.
