Antes de esto, en 2024 se dio el hecho de un juicio por violencia doméstica que fue suspendido en más de doce ocasiones. La jueza estuvo en el centro de la polémica cuando se supo que tenía un anterior proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados donde fue denunciada por una presunta parcialidad manifiesta en un caso de presunta violación del deber de cuidado.
Con respecto a la mala gestión de las autoridades debemos recordar también el caso de la joven, víctima de violencia, quien se había enterado a través de los medios de comunicación que su agresor iba a ser el primer beneficiado con arresto domiciliario con uso de la tobillera electrónica. La misma no había sido informada sobre la medida de arresto domiciliario de su victimario y seguía teniendo por su vida.
A los casos descriptos se suman unos nuevos ahora; son los que fueron desestimados sin que la Fiscalía los haya investigado. En uno de ellos, la denuncia se hizo en marzo del 2013, sin que se realizara una sola diligencia. El fiscal directamente pidió la prescripción del hecho. El caso de violencia familiar fue denunciado el 13 de marzo de 2013; la víctima había declarado que el 7 de marzo de 2013 tuvo que abandonar la casa donde vivía con sus dos hijos, de 5 y 2 años, por los constantes maltratos físicos y sicológicos de su pareja. Se refugió en la vivienda de un familiar, donde también fue amenazada de muerte, ya que el mismo era un barra brava. La víctima señaló que denunció por violencia familiar en varias oportunidades y que temía por su vida y la de sus hijos. Sin embargo, la causa penal no fue iniciada y la causa prescribió.
Cuando se reflexiona sobre la violencia familiar, sobre la violencia ejercida contra las mujeres, los niños y las niñas, se menciona con frecuencia –y con justa razón– que son necesarios cambios sociales, un cambio cultural y un cambio en la educación. Es evidente que esto no es suficiente. Paraguay cuenta con leyes que penalizan la violencia familiar y; sin embargo, no estamos cerca de que la misma sea erradicada.
Precisamente por esto es necesaria una evaluación y un análisis de la calidad de la gestión de las instituciones del Estado y, en particular, en estos casos particulares, del sistema de Justicia.
Porque es absolutamente inadmisible que casos que fueron denunciados terminen impunemente, lo que equivale que los violentos, los victimarios han quedado el libertad para seguir ejerciendo coacción y maltratos en su entorno.
De acuerdo con los datos del Ministerio Público, las denuncias por violencia familiar han tenido un aumento de un 200% en los últimos nueve años; de 10.164 víctimas registradas hace nueve años se pasó a 31.701 en 2023.
A esto se debe agregar otro dato: La violencia familiar fue en 2024 el principal hecho punible denunciado. Hubo un promedio de 104 casos denunciados por día, y además se suman otros hechos como coacción sexual, acoso sexual, estupro, maltrato físico y amenaza.
Es necesario redoblar esfuerzos por proteger a las víctimas de violencia familiar cuando estas realizan las denuncias, y es urgente que las instituciones y, en particular la Justicia, cumpla con su obligación dando garantías y protección.
