Es letra muerta la norma que prohíbe que los jueces estén afiliados a un partido político y participen de actividades partidarias. De hecho que en las últimas internas del Partido Colorado, el 20 de junio del 2021, con miras a las elecciones municipales del 10 de octubre, un total de 30 jueces afiliados a la Asociación Nacional Republicana acudieron a votar.
Este dato es el resultado del cruzamiento de datos del padrón de la ANR, actualizado para las internas del 18 de diciembre, con la nómina de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de abril de ese año y resultado del trabajo de investigación de Última Hora. Del total de 754 jueces, 326 están afiliados al Partido Colorado, lo que representa más del 43%. Se encontraron también 54 jueces con doble afiliación, es decir, afiliados a otros partidos además de la ANR. El análisis no se incluyó a jueces miembros de los tribunales.
La investigación de ÚH develó mediante un cruzamiento de datos entre la nómina de trabajadores del Poder Judicial y las precandidaturas habilitadas de la ANR un total de 177 funcionarios de Justicia que son candidatos a cargos en seccionales coloradas. Esto –sin embargo– está claramente prohibido. El artículo 238 de la Ley 879 del Código de Organización Judicial “prohíbe a los magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera sea su jerarquía: Ejercer otra función pública, profesión, comercio o industria, directa o indirectamente, salvo la docencia, cuyo ejercicio será reglado por la Corte Suprema de Justicia ni participar en actividades políticas”.
Queda en evidencia que el Poder Judicial está copado por los colorados. De 12.448 trabajadores, 8.568 son colorados, lo que representa el 70% de todo el funcionariado del sistema de Justicia. Si hablamos en términos de hegemonía, del total de 177 precandidaturas partidarias, 104 eran de Honor Colorado, y 69 de Fuerza Republicana.
Ninguno de estos datos, ninguna evidencia ni siquiera el artículo 10 del Código de Ética Judicial que establece que “en el supuesto de que el juez esté afiliado a un partido político deberá pedir la suspensión de la afiliación mientras permanezca en el cargo judicial”, nada importa en un sistema judicial secuestrado por la ANR. Por eso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados archivó la investigación preliminar relacionada con la participación de jueces y fiscales que votaron en las internas partidarias del año 2021, por supuestamente no encontrar pruebas fehacientes para configurar un mal desempeño de funciones, con lo que se confirma el blanqueo.
Esta prohibición de toda afiliación política es característica de nuestro país y de varios otros, aunque también hay otros como Alemania que permiten a sus jueces contar con preferencias partidarias. Se puede debatir, ciertamente, pero mientras esté en nuestra normativa debe respetarse. Al mismo tiempo, se debe mencionar que hay corrientes de pensamiento que consideran que nuestro sistema de elección de jueces y fiscales es absolutamente antidemocrático, pues los mismos no son nombrados por los ciudadanos, como es el caso de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En cambio, en el Paraguay los magistrados son seleccionados por un Consejo de la Magistratura, integrado y designado por políticos.
Así pues, con este sistema y estas estructuras difícilmente podremos alcanzar una justicia que sea igualitaria e independiente. La decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados así lo demuestra.
A nuestro país le urge contar con funcionarios que muestren compromiso con el trabajo y lealtad solo con la ciudadanía, para dejar de favorecer intereses partidarios sino los de la mayoría.
