Si bien el fenómeno inflacionario tiene algunas causas externas, Paraguay cuenta con oportunidades de mitigar en parte el problema con mecanismos internos. En primer lugar, el aumento en el precio de los alimentos en un país productor de alimentos no debería ser un problema.
Sin embargo, en Paraguay se está convirtiendo en un grave cuello de botella para el desarrollo ya que no hay políticas que garanticen el autoabastecimiento de productos básicos en nuestra canasta familiar.
La falta de acceso a alimentos sanos pone en riesgo la estabilidad de los precios y la salud de la población.
A medida que empeora la calidad de los alimentos, enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, la presión alta se traducen también en un aumento de los costos de los servicios de salud.
Cuando las familias no pueden pagar por productos alimenticios de calidad nutricional reemplazan con otros de menor calidad, generalmente con impactos nocivos en la salud.
El segundo determinante actual del aumento generalizado de los precios son los combustibles fósiles. Paraguay es productor y exportador de energía renovable y a pesar de ello está sufriendo igual que los países que no cuentan con este recurso.
Es inconcebible que no sea posible mitigar el aumento de los combustibles con una mayor oferta de energía eléctrica y más barata.
Ambas situaciones se veían venir desde hace años y los gobiernos no tomaron las medidas necesarias. Hoy la ciudadanía está sufriendo el efecto de una pandemia en la salud y en el empleo y ahora se suma la pérdida de poder adquisitivo de los pocos ingresos con que cuenta.
Gran parte de los hogares en Paraguay viven con el equivalente a un ingreso mínimo o menos y con ese monto deben financiar servicios que debieran ser gratuitos, como la salud y la educación básica. A eso se agrega que al no contar con un buen servicio de transporte público también deben pagar altos costos de movilidad e incluso quienes pueden comprar un auto lo hacen agregando gastos en combustibles, mantenimiento y seguros.
El Estado tiene funciones, competencias y obligaciones, incluso constitucionales, que debe garantizar para la población. Al no cumplir cabalmente con estos objetivos no solo generaba una mala calidad de vida sino que actualmente con el aumento de los precios pone en riesgo años de lentas mejoras en el bienestar.
Ojalá el Gobierno y los funcionarios públicos que se deben a la ciudadanía tomen conciencia del rol que tienen y diseñen e implementen medidas que aminoren las consecuencias negativas del proceso inflacionario.
Paraguay tiene todas las condiciones materiales para cumplir con este objetivo.
Un proceso inflacionario tiene efectos reales en el bienestar afectando también a las expectativas por el enorme impacto de la incertidumbre que genera.
No hay que dudar ni un momento acerca de la necesidad de mantener controlado el nivel de precios.