El conflicto de tierras de las comunidades Mbyá Guaraní de Caaguazú tiene origen en la compra de tierras de la empresa Sociedad Civil Tres Palmas con los indígenas adentro, según detalla un informe de la sociedad sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el Paraguay con la sanción y promulgación de la Ley 04/92.
El jueves pasado, 70 familias de la comunidad Hugua Po’i fueron desalojadas de parte de estas tierras, las cuales vienen reclamando desde el 2010, y sostienen que las habitaron siempre, que su antiguo cementerio se encuentra allí, hasta que la empresa apareció con títulos que decían que la tierra les pertenecía.
“En 1977, la cooperativa denominada Sociedad Civil Tres Palmas, compra estas tierras con toda la comunidad indígena adentro y se inicia un largo conflicto judicial. Por un lado, la Sociedad Civil Tres Palmas reclama como suyas las tierras indígenas y por el otro, los Mbyá inician los trámites legales para la titulación de las tierras a su nombre, según lo establece la Ley 904/81”, explica parte del informe del año 2006 de la Sociedad Civil.
La antropóloga Marilyn Rehnfeldt fue la responsable de redactar el caso, referido en ese tiempo a la comunidad Ñembiarã, desalojada de las tierras en el 2004, cuya historia señala que el Estado paraguayo, el 7 de setiembre de 1909, reservó 7.500 hectáreas para asiento de los Mbyá.
“A partir de los años 60, la situación de los Mbyá en Caaguazú se vio afectada profundamente, debido a la ocupación de su hábitat tradicional por diferentes proyectos de colonización que se enmarcaban dentro de la política de la modernización agraria del Estado paraguayo. En esa misma época se inicia una masiva venta de tierras fiscales a latifundistas, empresas agropecuarias y forestales. Todo esto sin considerar que esas tierras estaban habitadas por pueblos indígenas”, explica la antropóloga.
“Los nuevos habitantes y empresas, entre las que se encontraban las relacionadas con un grupo de menonitas canadienses, avanzaron sobre las tierras indígenas y les obligaron a migrar y refugiarse en tierras aún inexploradas, desalojándoles de su tierra ancestral. Esto trajo consigo la desintegración de las comunidades indígenas como unidades socioeconómicas y políticas”, continúa el informe.
Rehnfeldt señala que los Mbyá quedaron cada vez más marginados con el correr de las décadas, sin bosques ni recursos, y que tuvieron que migrar a zonas deforestadas, con suelos depredados o contaminados, barrancos y rodeados de áreas de producción intensiva que acabaron con la biodiversidad.
SOBORNOS Y DEFORESTACIÓN. Antecedentes señalan que la empresa Tres Palmas estuvo involucrada en el 2006 en un supuesto caso de pago de sobornos al entonces Servicio Forestal Nacional (SFN, hoy, Infona) para deforestar ilegalmente la zona, lo cual fue denunciado, tras una investigación realizada por la Contraloría General de la República (CGR).
La denuncia indica que los sobornos fueron a las autoridades forestales para conseguir permisos de traslado de madera y otros productos. El SFN omitió el control y fiscalización por parte del SFN en la Finca 130 del distrito de Raúl Arsenio Oviedo, en Caaguazú, de unas 4.000 hectáreas.
La investigación de la Contraloría se dio a partir de la denuncia de las comunidades indígenas Mbyá Guaraní, y señaló la devastación de bosques naturales y eliminación de los bosques protectores de los cursos hídricos.
La Resolución CGR 700/05 indicó que la drástica reducción de la cobertura boscosa de la Región Oriental aumente la presión sobre los remanentes de bosques.
“La informalidad y la corrupción que imperan en ciertas áreas del sector forestal se han traducido en que cerca del 33,3% de nuestra madera cosechada salga de contrabando al Brasil”, indica la CGR.
ONAI señala a colono menonita
La Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI) publicó la imagen de un colono menonita que estuvo presente con los oficiales de la Policía, que llevaron adelante el desalojo a la comunidad Mbyá Guaraní Hugua Po’i, en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, distrito de Caaguazú.
La ONAI señala que se trata de David Friesen, quien también estuvo en el marco de los desalojos a indígenas de la comunidad Mbyá Guaraní Loma Piro’y con civiles armados.
“Este Sr. David Friesen está imputado por coacción grave, al atropellar la Comunidad Loma Piro’y con civiles armados en donde hubo un niño con brazo fracturado, mujeres embarazadas golpeadas, y muchos heridos. Y hoy está presente en la Comunidad Hugua Po’i, paseándose con los policías...”, publicó la ONAI.
